Sale a licitación la explotación hotelera de la Residencia Tiempo Libre de Marbella

La administración autonómica conservará la titularidad del inmueble, por lo que el adjudicatario tendrá exclusivamente la propiedad temporal de las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes y de las nuevas que pueda realizar. A la extinción del derecho de superficie, la Junta asumirá la propiedad de lo edificado.

En este sentido, cabe destacar que la explotación hotelera del recinto tiene una vigencia de 75 años prorrogables hasta los 99 años si hay acuerdo por ambas partes. El canon estipulado asciende a cuatro millones de euros anuales.

La adjudicación incluye una cláusula 'anti especulación' que establece que no se podrá transmitir el derecho de superficie ni el control de la sociedad adjudicataria mientras no se haya cumplido el requisito de inversión establecido como garantía adicional, que es destinar, al menos, 50 millones en el inmueble durante los primeros 15 años de concesión. Con esta disposición se busca garantizar el buen fin de la explotación y la protección del patrimonio histórico andaluz. A ello se une la disposición que establece que cualquier transmisión del derecho o de las acciones, participaciones o cuotas de la sociedad adjudicataria requerirá la previa comunicación y autorización de la Junta.

Igualmente, el adjudicatario se debe comprometer a poner en explotación el inmueble en un plazo máximo de tres años y a cumplir la normativa en materia de protección del Patrimonio Histórico Andaluz, estableciéndose expresamente su incumplimiento como causa de extinción de la concesión.

Modificación urbanística

Uno de los factores que más polémica ha generado en una parte de la sociedad marbellí respecto a la explotación hotelera de la Residencia Tiempo Libre ha sido la modificación urbanística que va ligadas a este proyecto. El aumento de edificabilidad asciende a cerca de 30.000 metros cuadrados. Este complejo está incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) de la Junta de Andalucía y es uno de los argumentos utilizados por los diferentes colectivos defensores de estas instalaciones para respetarlas así como para que sigan siendo públicas.