Nueva condena por prevaricación contra Julián Muñoz

Se trata de un caso de prevaricación urbanística relacionado al frustrado proyecto de construcción de un centro comercial en un solar situado en el casco urbano de Marbella. El asunto se remonta a 2002, cuando una sociedad denominada Marbella Palace 3000 adquirió por 2,2 millones de euros el terreno, que tenía la calificación de suelo comercial, con la intención de construir 120 plazas de aparcamientos y un aparthotel.

Ante las protestas de los vecinos, sostiene la sentencia, Muñoz anunció públicamente la construcción de una plaza pública en la parcela y ordenó, «fuera de todo cauce legal, a través de una sociedad municipal el derribo del edificio allí existente y la construcción de la nueva plaza». La demolición del edificio se inició materialmente el 8 de octubre de 2002 y posteriormente Muñoz ordenó la construcción de una plaza pública en el lugar.

El entonces alcalde comunicó a los propietarios que tenía que construir la plaza por las protestas de los vecinos y los conminó a acordar con Juan Antonio Roca para que les resolviese el problema, asunto del que el entonces gerente de Urbanismo se desentendió. Posteriormente, dos abogadas de Urbanismo les ofrecieron compensarles mediante una operación urbanística. Así, la sociedad aceptó ser indemnizada, permutando el inmueble del que era propietaria por un aumento en los aprovechamientos urbanísticos de titularidad municipal sobre terrenos que pertenecían a terceros, que se incluirían en la revisión del PGOU de Marbella.

La valoración de los bienes que fue objeto de la permuta se realizó por el tasador municipal, quien fijó un sobreprecio de la parcela sobre la que se construiría la plaza, y se infravaloró los aprovechamientos urbanísticos que obtendría a cambio la entidad Marbella Palace 3000, asignando a los bienes objeto de permuta,un mismo valor de 4.188.363,03 euros, lo cual perjudicaba económicamente al Ayuntamiento.

Sin embargo, el acuerdo no pudo materializarse al no aprobarse el PGOU, por lo que la sociedad reclamó la restitución del inmueble de su propiedad o la correspondiente indemnización, petición que no fue atendida.

En junio de 2015, el Ayuntamiento acordó con la empresa abonarle 3,6 millones de euros más intereses a cambio de la cesión forzosa del suelo realizada 12 años antes. Ahora, Muñoz ha sido condenado por prevaricación. «La existencia de una demanda vecinal para que se construyese una plaza publica, por muy beneficioso que resultase para los vecinos, no justifica en ningun caso,que se obvien todos los tramites legales», señala la sentencia.