Marbella seguirá invirtiendo el dinero procedente de las causas por corrupción

La decisión de la autoridad judicial, adelantada por SUR este pasado domingo, ordena la suspensión cautelar de la resolución de la Seguridad Social por la que no sólo se pretende anular el acuerdo de refinanciación de la deuda que mantiene la Administración local con este organismo y su abono de una vez, sino por la que también se reclaman los cerca de 15 millones de euros que han ingresado las arcas municipales por sentencias firmes vinculadas con la corrupción y todas las cuantías con el mismo origen que reciba el Consistorio en el futuro.

La regidora subrayó con satisfacción en rueda de prensa que con la suspensión cautelar dictada se «invalida» la resolución que marcó el director general de la Seguridad Social y se mantienen en vigor las dos leyes actuales, tanto la del fraccionamiento de la deuda heredada de la era Gil con un plazo de 40 años y al 1 por ciento de interés, como la disposición adicional a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que habilita al Ayuntamiento a recibir derechos y bienes resultantes de casos de corrupción con sentencia firme para su inversión en servicios públicos municipales.

«El dinero que venga se seguirá invirtiendo en equipamiento», afirmó rotunda la regidora tras señalar que la Administración central reclama ese dinero con la «excusa peregrina» de que los fondos recuperados por el Ayuntamiento no son bienes ni derechos. Y es que la Seguridad Social, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha manifestado su disconformidad con la citada disposición adicional contenida en los Presupuestos y que permite al Ayuntamiento no destinar al pago de la deuda los bienes y derechos obtenidos por procesos judiciales. Pero es más, la Seguridad Social asegura asimismo que esa disposición no ampara, en su opinión, el cobro de dinero en efectivo. Todo lo contrario de lo interpretado por el Ayuntamiento.

«Continuaremos con la misma hoja de ruta. Todos los ingresos que se vayan generando a través de los casos de corrupción los seguiremos llevando, tal y como está contemplado, al pleno para que se decida cuál es el destino que se le va dar», anunció la alcaldesa. En este sentido, concretó que con los 15 millones de los que ya se disponen, el Ayuntamiento seguirá adelante con la tramitación del proyecto para las nuevas dependencias de la Escuela Oficial de Idiomas –en proceso de licitación–, la tramitación de la residencia de mayores, así como las modificaciones urbanísticas que se tengan que llevar a cabo para hacer la Escuela de Danza.

Tras haber ganado la primera batalla judicial contra la decisión de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Consistorio ha conseguido, además, mantener en vigor el convenio firmado en 2012 para refinanciar la deuda municipal con ese organismo. Tal y como explicó la alcaldesa, el auto judicial rechaza la pretensión de que el Ayuntamiento tenga que hacer frente de una vez a la deuda acumulada más sus intereses, lo que hubiese supuesto un desembolso de 199 millones de euros.

«Sorprende que el propio Gobierno central vaya en contra de los intereses de un ayuntamiento y en este caso de una ciudad como Marbella, pero desgraciadamente es ya la tercera vez que tenemos que ir a los tribunales a defendernos de unas actuaciones que consideramos un atropello para los intereses municipales», afirmó Muñoz sobre la resolución judicial dictada el pasado viernes, por la que queda en suspenso igualmente la petición de la Seguridad Social de imponer al Consistorio un aval para responder de la cantidad adeuda más los intereses y la congelación de las transferencias que recibe el Ayuntamiento por su participación en los ingresos del Estado, de modo que se aplicara como pago a cuenta de la cancelación de la deuda.

«Entendimos que la defensa de los intereses municipales tenían que prevalecer; es decir, que no nos íbamos a conformar ante una decisión que no contaba con ningún informe técnico y que se tomó de forma unilateral y arbitraria, saltándose la ley, por eso recurrimos», indicó la alcaldesa tras dirimir que no haber obtenido el amparo del tribunal «hubiera supuesto el cierre del Ayuntamiento».

De esta manera, la regidora afirmó que en virtud de este auto el fraccionamiento de la deuda pendiente está en vigor y que consecuentemente el Ayuntamiento no tendrá que abonar de golpe los 199 millones; tampoco deberá hacer frente a ninguna fianza por este importe, «ya que según dice el propio Juzgado Central de lo Contencioso entre administraciones nunca se ponen fianzas»; que la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) continuará llegando a Marbella, «porque nosotros cumplimos escrupulosamente con los pagos a Seguridad Social y Hacienda que tenemos pactados en esa Ley de Fraccionamiento»; y ya por último, que el dinero procedente de los procesos judiciales podrá seguir utilizándose por parte del Ayuntamiento.

La alcaldesa pidió al PSOE expresamente que aparque «la hostilidad contra Marbella» y se ponga al lado de los intereses de los ciudadanos frente a los «ataques frontales» del Gobierno de Pedro Sánchez.