La APPA adjudica la explotación de Cabopino a sus anteriores gestores y deja fuera a Banús

El nuevo contrato, con una duración máxima de cuatro años, se formalizaba hace unos días tras una adjudicación que se cerró por un importe total de 110.110 euros al año. «No quiere decir esto que se tenga obligatoriamente que cumplir el máximo de tiempo que estipula el contrato», explican a SUR desde la empresa concesionaria. «Estamos a la espera de que se apruebe el proyecto de reforma que presentamos hace unos meses. Una vez que tengamos luz verde, se podrá abrir el concurso para la adjudicación de la concesión definitiva», indican. Un procedimiento en el que la empresa, como anterior concesionaria, tendrá derecho de tanteo. Un derecho que le exige igualar la proposición económicamente más ventajosa de cuantas se presentan.

Fue en agosto de 2017 cuando la Agencia Pública de Puertos de Andalucía sacaba a concurso la concesión de la gestión de servicio público del Puerto de Cabopino por un plazo máximo de cuatro años, «el espacio temporal necesario para la formalización de un contrato de gestión de servicio por procedimiento abierto». Reconocen desde la APPA «la compleja y extensa tramitación» que requiere este referido procedimiento definitivo (que se abrió en 2016 y sigue sin resolverse) por lo que optó por un contrato transitorio.

La concesión otorgada en julio de 1976 por Orden Ministerial a la Sociedad Italmer Inmobiliaria, y posteriormente transmitida a Puerto de Cabopino, S.A (actualmente denominada Marina de Cabopino) caducó en 2016. Fue entonces cuando la hasta entonces concesionaria, haciendo uso de su derecho de tanteo, presentó un proyecto básico de actuación que recogía una importante renovación y modernización de la marina, y un anteproyecto de explotación para continuar con la gestión del recinto. Los documentos tuvieron que ser modificados y hace unos meses se presentó el proyecto definitivo. El contrato transitorio obliga ahora a la concesionaria a la prestación de los servicios a embarcaciones de recreo y sus tripulaciones y usuarios que, como mínimo, deben incluir, por ejemplo, garantizar un calado adecuado para la prestación de los servicios portuarios y suficiente separación entre pantalanes, fingers y escolleras; servicios contraincendios; recogida de basuras y otros residuos; radiocomunicaciones; información meteorológica; aseos; mantenimiento y reparación de embarcaciones; o el atraque para los barcos con conexiones a redes de agua y de energía eléctrica. Este contrato no origina gastos para la Administración, en este caso la autonómica, sin embargo la APPA ha estimado el valor del mismo en 1,7 millones de euros. Un valor calculado sobre un estudio de viabilidad del contrato de concesión de la gestión de las instalaciones portuarias que recoge tanto los ingresos previstos mediante tasas de los 169 atraque existentes, como los gastos del mantenimiento del recinto y obras necesarias de reforma por 245.000 euros.

Este puerto de la Junta de Andalucía se administra a través de la modalidad de gestión indirecta. La administración autonómica descarta una gestión directa, al menos hasta ahora, al entender que «entrañaría diversas dificultades porque exigiría la contratación nueva de personal, ya que la plantilla actual de la APPA no tiene capacidad para asumir dichas funciones ni para impulsar nuevas contrataciones de forma inmediata».