El pleno aprueba un presupuesto final con 870.000 euros de superávit

El documento lo presentó el concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, que detalló que para este ejercicio se generarán 17 millones de euros para el pago de la deuda heredada, que en 2011 alcanzaba los 300 millones y que para final de este año, podría acercarse a los 200. «Por primera vez en 25 años no hay que enjugar déficit; esto es, que no existe remanente negativo de tesorería», añadió.

Otra de las partidas que destacó el responsable municipal fue la de inversiones. Entre ellas, seis millones se destinarán a la construcción del CHARE, tres millones para el estadio de atletismo, y se trabajará en el inicio de la reforma integral del campo de fútbol San Fernando, la puesta al día de centros escolares, deportivos e instalaciones de playas y jardines; así como, la continuación del proyecto de renovación del casco urbano y el corredor litoral.

Antes de su intervención, Aguilar ya anunció que se habían desestimado las alegaciones presentadas tanto por trabajadores, como por sindicatos y partidos políticos. Fueron los portavoces de los grupos de la oposición quienes repasaron esas alegaciones para conocer los motivos de su rechazo.

La líder del PSOE, Manuela Benítez, explicó que su grupo había solicitado un mayor gasto social, más planes de empleo, la ampliación de varias partidas como la de inversiones en centros educativos y la bajada de sueldos de los concejales del equipo de gobierno, entre otras. Muchos de estos puntos son coincidentes con los defendidos por la portavoz de CSSP, Rosario Luque, y el de IU, Valentín Berrocal.

En el caso de Luque, pidió también una auditoría externa de la deuda «para conocer a los culpables políticos». También solicitó otro tipo de inversiones y la remunicipalización de los servicios externalizados. IU siguió la misma senda, y reiteró casi todos los puntos de las alegaciones de 2016, en el que destacaba la adquisición de 150 viviendas para destinarlas a personas con pocos recursos.

Ayuda a domicilio

Otro de los puntos más destacados del pleno fue en los ruegos y preguntas, cuando los grupos de la oposición solicitaron al alcalde que se llegara a un acuerdo con las trabajadores despedidas del servicio de Ayuda a Domicilio. De las doce afectadas, siete han conseguido ya sentencias favorables de readmisión, y según afirmaron, estaban dispuestas a renunciar a los salarios de tramitación si se llegaba a un acuerdo.

«Asistimos atónitos a resoluciones judiciales que condenan al Ayuntamiento por haber llevado a cabo contratos fraudulentos y despidos improcedentes y aquí nadie dice nada. Todo ello acompañado de un intento de privatizar un servicio que históricamente ha venido funcionando extraordinariamente bien», explicó Benítez.

El alcalde, José María García Urbano, afirmó que mientras que vieran una oportunidad legal de vencer ese juicio recurrirían, ya que el objetivo del Ayuntamiento era que no se consolidara ninguna plaza que no fuera por oposición. Las empleadas afectadas empezaron a trabajar a a través de una bolsa de empleo.