Julián Muñoz pide perdón y asume el pelotazo urbanístico de la casa de Sean Connery

Los exconcejales, acusados de aprobar las licencias para la construcción de 72 apartamentos en la parcela en cuestión, reconocieron los hechos y pactaron con la Fiscalía penas que oscilan entre los nueve y quince meses de prisión por delito urbanístico. Muñoz se conformó con un año de cárcel por el mismo hecho, aunque su abogado, Javier Saavedra, confió en llegar a un acuerdo con Anticorrupción al final de la vista para «obtener una rebaja también por el delito de fraude», que el propio Muñoz reconoció haber cometido.

Apoyándose en una muleta y algo más demacrado que en su última aparición pública (el pasado mes de septiembre en el juicio por el caso Fergocon con el expresidente del Sevilla José María del Nido), Julián Muñoz aseguró estar «arrepentido» y pidió al tribunal que le excuse de asistir a todas las sesiones de juicio (que se prolongará hasta el 17 de enero) dado su precario estado de salud. De hecho, quiso informar al tribunal de que le había sido practicado recientemente un cateterismo y colocado un stent a causa de su dolencia coronaria, extremo que ya conocían los magistrados. Tras ello regresó al banquillo al lado de Juan Antonio Roca, quien, con un semblante saludable y aparentemente sereno, ofreció ayuda a su otrora enemigo para tomar asiento y le preguntó si se encontraba bien. Y es que lo cortés no quita lo valiente. Han pasado casi 13 años de la moción de censura que desbancó a Muñoz de la Alcaldía de Marbella y diez desde las detenciones por el caso Malaya.

Tras reconocer Muñoz y los antiguos ediles los hechos objeto de enjuiciamiento, las acusaciones y los abogados defensores de los 18 procesados para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita en total casi 160 años de cárcel por prevaricación urbanística, fraude, delito fiscal, cohecho y falsedad documental, comenzaron a exponer las cuestiones orden jurídico previas al juicio.

El abogado del Estado, personado en este proceso por el supuesto delito contra la Hacienda Pública, ha solicitado la suspensión del juicio lo que ha sido apoyado por la representante de la Fiscalía y el abogado del Ayuntamiento de Marbella, para estudiar una prueba pericial que fue aportada por una de las defensas el pasado 5 de enero, por lo que no habido tiempo material para examinarla.

Algunas defensas solicitaron la nulidad del proceso. La abogada de Roca, en concreto, argumentó que se han vulnerado derechos fundamentales de su defendido, el derecho a la libertad y a la tutela judicial efectiva, lo que le han provocado indefensión. La letrada Rocío Amigo recordó que Roca, para el que el Ministerio Público solicita ocho años de prisión por los dos delitos contra la ordenación del territorio, uno de fraude y cohecho, cumple el próximo mes de marzo 10 años de prisión. Durante este tiempo se le ha denegado los permisos tras oponerse la Fiscalía Anticorrupción alegando siempre que tenía causas pendientes, «que ella misma ha ido creando sistemáticamente». En ese sentido precisó que el fiscal presentó varias querellas contra Roca que se han dividido en múltiples causas y «recientemente hay 102 nuevos procedimientos por hechos entre 2002 y 2006». Asimismo, dijo sobre los hechos que se juzgan en Goldfinger que es «la tercera vez que se ponen bajo la lupa de un juez». En las dos anteriores, continuó la abogada, fueron objeto de análisis en los casos Saqueo 1 y Malaya y no salieron adelante, mientras que en esta ocasión sí, porque «no se quiso investigar», apostilló.

El caso Goldfinger tomó cuerpo en 2007 a partir de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por varios convenios con supuestas irregularidades de la época más dura del gilismo. La acusación pública se centra en las supuestas irregularidades urbanísticas en la recalificación de los terrenos y en los mecanismos utilizados después para evitar, supuestamente, el pago de impuestos por la venta de las viviendas. Las sociedades implicadas son, por un lado, Malibú S.A., que era propiedad del matrimonio Connery y estaba representada por los dos abogados acusados, del despacho Díaz-Bastién de Marbella, y, por otro la mercantil, By The Sea, también de estos letrados, que se enfrentan a 34 y 26 años de cárcel, respectivamente, por supuestos delitos fiscales.

Roca, el urdidor

Juan Antonio Roca y estos abogados, junto al empresario acusado, fueron, según la Fiscalía Anticorrupción, quienes urdieron la trama para beneficiar a los dueños de ambas sociedades. Uno de los convenios se firmó con Malibú S.A. y los otros dos, con By The Sea, que había adquirido la finca colindante a la del matrimonio Connery y que adquirió después también la parcela del actor. Para la acusación pública se trata de una sociedad de opaca.

Los dos solares agrupados llevaron aparejados un incremento de edificabilidad y, donde apenas se permitía la construcción seis viviendas, se permitieron finalmente 72. Los convenios suscritos significaron, además, menos aprovechamientos urbanísticos de los que les correspondía al Ayuntamiento de Marbella y se habría realizado una tasación a la baja de su valor. Todo ello habría supuesto un presunto perjuicio económico para las arcas municipales valorado en 2,77 millones de euros.

Los convenios fueron firmados por Julián Muñoz y las licencias al proyecto básico y de ejecución se concedieron en sendas comisiones de gobierno en mayo de 2002 y en abril de 2003, por lo que fiscal acusa a los concejales que participaron en las mismas. Roca, según Anticorrupción, iba a recibir dos apartamentos del complejo Malibú como contrapartida a los supuestos favores prestados, aunque su detención por el caso Malaya en 2006 frustró la recepción de las viviendas. La acusación sostiene también que habría existido una falsedad documental con los dos empleados de banca implicados para que el exasesor urbanístico no figurara como beneficiario de los apartamentos.