Roca y Muñoz, otra vez juntos en el banquillo por la casa de Sean Connery

El exalcalde Julián Muñoz se enfrenta en este proceso a una pena de cuatro años de cárcel por dos delitos contra la ordenación del territorio y otro de fraude. Juan Antonio Roca, exasesor urbanístico del ayuntamiento de Marbella, considerado inductor de los mismos delitos y autor de otro de cohecho pasivo (recibir sobornos), se enfrenta a ocho años de prisión. El escrito provisional del fiscal Anticorrupción acusa también, entre otros, a cinco exconcejales del GIL, entre los que figuran Tomás Reñones, Rafael González y Francisco Javier Lendínez, a un empresario, a dos abogados, a otros tantos empleados de banca, asó como a tres asesores fiscales.

El caso Goldfinger tomó cuerpo en 2007 a partir de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por varios convenios con supuestas irregularidades de la época más dura del gilismo. En este procedimiento hay tres acuerdos urbanísticos que están en entredicho.

La acusación pública inciden en dos aspectos: las supuestas irregularidades urbanísticas en la recalificación de los terrenos y los mecanismos utilizados, presuntamente, para evitar el pago de impuestos por la venta de las viviendas. Las sociedades implicadas son, por un lado, Malibú S.A., que era propiedad del matrimonio Connery y estaba representada por los dos abogados acusados, del despacho Díaz-Bastién de Marbella, y, por otro la mercantil, By The Sea, también de estos letrados, que se enfrentan a 34 años y 26 años de cárcel, respectivamente, por supuestos.

Roca, el urdidor

Juan Antonio Roca y estos abogados, junto al empresario acusado, fueron, según la Fiscalía Anticorrupción, quienes urdieron «la trama» para beneficiar a los dueños de ambas sociedades. Uno de los convenios se firmó con Malibú S.A. y los otros dos, con By The Sea, que había adquirido la finca colindante a la del matrimonio Connery y que adquirió después también la parcela del actor. Para la acusación pública se trata de una sociedad de «opaca».

Los dos solares agrupados llevaron aparejados un incremento de edificabilidad y, donde apenas se permitía la construcción seis viviendas, se permitieron finalmente 72. Los convenios suscritos significaron, además, menos aprovechamientos urbanísticos de los que les correspondía al Ayuntamiento de Marbella y se habría realizado una tasación «a la baja» de su valor. Todo ello habría supuesto un presunto perjuicio económico para las arcas municipales valorado en 2,77 millones de euros.

Los convenios fueron firmados por Julián Muñoz y las licencias al proyecto básico y de ejecución se concedieron en sendas comisiones de gobierno en mayo de 2002 y en abril de 2003, por lo que fiscal acusa a los concejales que participaron en las mismas. Roca, según Anticorrupción, iba a recibir dos apartamentos del complejo Malibú como «contrapartida» a los supuestos favores prestados, aunque su detención por el caso Malaya en 2006 «truncó» la recepción de las viviendas. La acusación sostiene también que habría existido una falsedad documental con los dos empleados de banca implicados para que el exasesor urbanístico no figurara como beneficiario de los apartamentos.

Mientras este proceso seguía su tramitación, el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella abrió una pieza separada para conocer la versión de los Connery, que tienen fijada su residencia en Bahamas desde finales de la década de los 90. Tras varias comisiones rogatorias, Sean Connery se desvinculó tanto de los convenios urbanísticos, firmados con las sociedades Malibú S.A. y By the Sea, como de la venta de los apartamentos. Su esposa Micheline asumió «la gestión» de los negocios y afirmó que su marido no ejercía cargo alguno ni intervino en los asuntos de la sociedad desde que le transmitió las acciones en 1990.

El juez entonces archivó la causa contra el actor y continuó el proceso contra su mujer, para la que el fiscal pide dos años y medio de cárcel como cooperadora de un delito contra la Hacienda Pública, por defraudar en la venta de las viviendas, y multa de 22,6 millones de euros.