El exedil Lendínez niega haber cobrado de Roca

Lendínez, condenado por varios delitos urbanísticos en otros procesos, aseguró que después de la moción de censura que desalojó del poder a Julián Muñoz en el verano de 2003 su actuación fue beligerante contra el gobierno municipal de Marisol Yagüe, y que su capacidad de decisión en cuestiones urbanísticas era nula.

Las investigaciones durante la 'operación Malaya' detectaron en la contabilidad de Juan Antonio Roca sendos pagos de 6.000 euros cada uno, en diciembre de 2004 y febrero de 2005, apuntados bajo las iniciales L.B., que corresponden a los apellidos del exedil, Lendínez Bernal. El acusado negó hoy haber recibido ese dinero. Desconozco por qué la policía vincula mi nombre, dijo a preguntas del fiscal. Todo el mundo me conoce como Javier Lendínez, no como Lendínez Bernal, afirmó.

El exconcejal, huido de la justicia entre diciembre de 2008 y octubre de 2013, permanece encarcelado desde su regreso al país.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exconcejal una pena de 10 años de prisión y 18 de inhabilitación. Lendínez fue localizado un día antes de que se conociera la sentencia por el 'caso Malaya' y no fue juzgado por esta causa, ya que estaba en ese momento en paradero desconocido. Además, está imputado en varias causas relacionadas con supuestas irregularidades urbanísticas en Marbella , en algunas de las cuales ha mostrado su conformidad con la acusación.

En 'Malaya', el fiscal relata en su escrito de conclusiones iniciales, el momento político vivido en Marbella en 2003, cuando Julián Muñoz fue elegido alcalde tras ganar las elecciones municipales y, posteriormente, fue destituido por una moción de censura, "diseñada" por el entonces asesor y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al querer Muñoz "poner coto al poder que hasta entonces éste venía detentando".

El dominio de Roca

También alude a que aunque Roca, condenado a 11 años por esta causa -sentencia que no es firme-, no era cargo electo, "ostentaba una posición de dominio sobre la corporación municipal" que dirigió Marbella tras la moción de censura, incidiendo en que "toda actuación urbanística tenía que contar con su visto bueno" y en que "se lucró" negociando con empresarios para que le pagaran, al tiempo que "sobornaba" a los entonces ediles para aprobar resoluciones.

En este contexto, el fiscal considera que Lendínez estaba "entre las autoridades y funcionarios que han venido recibiendo dinero de la caja única de Roca" y al que se le identificaba con las iniciales LB en los archivos informáticos localizados en la empresa Maras Asesores. Así, se le atribuye la suma de 12.000 euros en sobres a su nombre, aunque añade que "también participó en el cobro del dinero que se reparte en sobres innominados".

"Mediante tales pagos, el señor Juan Antonio Roca consiguió, igualmente, atraerse la voluntad de otros concejales, que como el señor Lendínez, en un primer momento no apoyaron la moción de censura", indica inicialmente la acusación pública, quien insiste en que el sentido de los pagos a este exedil era "mantener el 'statu quo' urbanístico, esto es, permitir que las cosas se quedasen como estaban".

Asimismo, en el documento se añade que se contribuía a mantener la política urbanística existente, que dio origen "a un sinfín de licencias contrarias al planeamiento municipal", algo en lo que este acusado "había participado de lleno como concejal y miembro de la comisión de Gobierno desde 1999"; de hecho, en la calificación se enumeran las más de 40 diligencias judiciales abiertas en los juzgados de Marbella y en las que está inmerso.

Operación 'Vente vacío'

También se explica el desarrollo de la operación denominada 'Vente vacío' y su supuesta intervención, en concreto, participando en la aprobación en una comisión de Gobierno de un convenio de permuta de terrenos y aprovechamientos urbanísticos, que, según el ministerio público, suponía "un desequilibrio económico" para el Ayuntamiento y unos perjuicios, según las tasaciones realizadas, de 1,3 millones de euros.

Así, a Lendínez se le acusa de un delito de cohecho pasivo de carácter continuado para fin delictivo y acto injusto, por el que el fiscal solicita cuatro años y un día de prisión, inhabilitación para cargo o empleo público por 10 años y multa de 30.000 euros. También se le acusa por los delitos de prevaricación administrativa y malversación, por los que pide ocho años de inhabilitación y seis de prisión, respectivamente.

Alternativamente, para el caso de que el Tribunal no estime oportuno la condena por un delito de malversación, se propone la acusación por apropiación indebida respecto a los hechos de la permuta de los aprovechamientos en la operación 'Vente vacío', por el que el ministerio fiscal solicita que se le imponga a Lendínez una pena de cinco años de cárcel e inhabilitación especial durante seis años.