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Robaron 156.000 litros de gasoil a través de una perforación en el oleoducto que abastece al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Su actividad delictiva, reconocida por parte de los autores, es el centro del juicio contra los responsables, cuatro miembros de una familia británica. Entre los resultados de estos delitos estuvo la posibilidad de que el aeropuerto se quedase sin suministro de combustible durante aquellos días, según declaró uno de los responsables del operativo de detección de la zona desde la que se estaba produciendo el robo.
El testigo ha hecho declaraciones este martes frente al juez de la Audiencia Provincial, donde se juzga la causa, a preguntas de la acusación particular, ejercida por la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), encargada de la red de conducción de combustibles y principal damnificada por el robo continuado. El técnico se ratificó en sus declaraciones a la Guardia Civil, e insistió en que si la compañía no hubiese actuado e intervenido en el segmento del oleoducto, el aeropuerto se habría quedado sin queroseno para los aviones a causa de los cambios de presión.
Este testigo fue crucial tanto para la Fiscalía como para la acusación particular, ya que de su relato se extraen los detalles del riesgo que entrañó la actividad delictiva de los procesados. Explicó que los primeros que pudieron haber perdido la vida fueron ellos, ya que era «imposible» que supieran en qué zona estaban perforando –por el mismo oleoducto discurre gasoil, gasolina y queroseno–. Además, el experto indicó que los materiales con los que se había hecho la instalación extractiva eran propios «de la fontanería», y que no ofrecían las «mínimas condiciones de seguridad» para tratar con este tipo de fluidos –ni con las elevadas presiones que ejercen en el interior de la canalización–. Esta situación pudo haber generado una explosión de importantes dimensiones, que habría afectado a una gran extensión de terreno.
Este primer testigo aseguró que el vertido que se generó (por el que la acusación particular pide en su escrito que se condene a los acusados de un delito contra el medio ambiente), fue «inevitable». Los autores trataron de tapar la zona aplicando una capa de hormigón que, lejos de reducir el impacto del combustible en la zona, hizo que los fluidos se dirigieran hacia abajo, «afectando a los acuíferos» y dañando el terreno en diferentes estratos.
Por su parte, los distintos acusados expusieron ante el juez su grado de implicación en la trama delictiva. El mayor de ellos, padre y marido de dos de los cuatro comparecientes y considerado cabecilla del robo, aseguró que aceptó «un trabajo por encargo», que llegó a la zona y en ella ya se habían producido los movimientos de tierra. Únicamente le pidieron, según su declaración, que hiciera la perforación, por la que cobró 500 euros. El juez presidente de la sala le preguntó por quién le realizó el encargo, a lo que el acusado respondió con negativas: «No puedo decir quién fue porque me pondría en peligro a mí y a mi familia», dijo.
Su hijo, que se encargó de comprar los bidones con los que se transportaba el gasoil, admitió haber participado de ese modo en los hechos. «Acepté un trabajo que no debía». Su entonces mujer (ahora se han divorciado), también acusada –solo por la parte particular–, negó haber participado en los hechos, solo reconoció haber acompañado a su pareja en determinadas compras sin conocer la finalidad de los materiales.
La mujer del cabecilla aseguró igualmente que no sabía para qué eran los objetos que su marido estaba adquiriendo, y que era habitual que ella fuese con él a las tiendas de bricolaje –hecho que corroboró el hijo de ambos–.
Los acusados ya han aportado tres millones de euros, que se restan a los que solicita la acusación particular para reponer los daños, valorados en cuatro millones. Esta parte pide más de 30 años de prisión, mientras que la Fiscalía solicita 5. El juicio se reanuda este jueves con la declaración de varios guardias civiles.
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