Málaga registró 18 expedientes de eutanasia en 2022, el 35% de toda Andalucía

En el documento, la comisión matiza que de cara al estudio de los datos, se considera 'solicitud' la petición de la prestación de ayuda para morir presentada por un paciente, en ámbito asistencial. De esta manera, denominan 'expediente' a la presentación completa ante la CGyEA de toda la información y documentación correspondientes al proceso que el médico responsable debe seguir ante una solicitud, dando lugar al inicio de tramitación. Por último, definen como 'reclamación' a la tramitación iniciada por la CGyEA ante la presentación de un recurso o reclamación del paciente frente al informe desfavorable de su solicitud emitido por el médico responsable, el médico consultor o la dupla de vocales de la CGyEA.

Este matiz es relevante de cara a cómo funciona el proceso, establecido en la propia legislación. Así, desde noviembre de 2021 a diciembre del 2022 se han contabilizado un total de 81 solicitudes en todo el territorio andaluz, de las cuales 52 (3 en 2021 y 49 en 2022) han dado lugar a abrir expediente ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía. El resto de las solicitudes (29) se desglosan de la siguiente forma: 3 desistimientos previos al inicio del proceso ante la CGyEA; 17 fallecimientos previos al inicio del proceso; 3 pendientes de recibirse información completa (iniciados en 2022 y no completados a fecha del 31 de diciembre); y 6 informes desfavorables del médico responsable no reclamadas por el paciente.

Una de las claves de informe es que desagrega los expedientes en base a diversas cuestiones. Una de ellas es el tipo de patología del paciente. De entre ellas destaca la neurológica con 20 casos, seguida de la pluripatológica con 13 y la oncológica con 10. Además, aparecen 4 con enfermedades psiquiátricas, 3 con respiratorias y 2 con alguna dolencia cardiovascular.

De los 52 expedientes, 32 corresponden a hombres y 20 a mujeres. En cuanto a la edad, la franja con un mayor número de solicitudes es la que va de los 70 a los 79 años (18), seguida de la de 50 a 59 años. De menores de 40 años apenas hay 4 expedientes, mientras que de más de 80 son 7.

Es precisamente en la división geográfica donde se dan mayores diferencias. Málaga supone el 35 por ciento de todos los casos al registrar 18 expedientes de los 52. Muy por detrás aparecen Sevilla y Granada con 8 cada una, mientras que en la que menos solicitudes aparecen es en Huelva, con 2. Almería cuenta con 3, Cádiz con 7, Córdoba con 2 y Jaén con 5.

Del total de expedientes, apenas 8 corresponden a ciudadanos con otra nacionalidad, el 15 por ciento del total. Eso sí, los 52 casos fueron tramitados por la CGyEA mediante el procedimiento 5.1 previsto en la ley, esto quiere decir que los pacientes tenían capacidad de hecho, y que no fueron sus familiares los que requirieron del procedimiento.

Domicilio

Uno de los datos más llamativos de este informe es que incluso desagrega el lugar en el que se realiza la prestación de la muerte digna. De las 29 que se han llevado adelante hasta diciembre de 2022, 15 se realizaron en el domicilio del paciente, y otras 14 en un centro hospitalario. Además, los 52 expedientes se tramitaron desde centros públicos, y tan solo hubo una autoadministración (suicidio asistido). Las otras 28 fueron administradas directamente por un equipo sanitario (eutanasia).

Abundando en los datos, se extrae que 4 pacientes solicitaron el aplazamiento de la prestación, y otros 3 directamente revocaron la solicitud. Una de las dudas que más surgen con este proceso es el tiempo que transcurre hasta que que puede administrar la eutanasia. Según los datos de este informe, el intervalo desde la primera solicitud hasta que se autoriza la realización de la prestación es de 81,96 días. Una vez aprobada, la realización de la citada prestación ocurre unos 20 días más tarde, aunque ese proceso puede adelantarse, dependiendo del caso.