La Junta pide a Adif una conexión al aeropuerto de Sevilla a cambio de la vía autonómica para los trenes baratos con Málaga

Maria Dolores Tortosa

Miércoles, 25 de septiembre 2019, 18:41

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La Junta de Andalucía ha puesto como condición al Gobierno de la nación el compromiso de este por escrito de la conexión ferroviaria entre la estación Santa Justa de Sevilla con el aeropuerto San Pablo de esta ciudad como compensación por la cesión de titularidad de una parte de la antigua vía fallida del AVE entre Sevilla y Antequera, en concreto el tramo entre Aguadulce y Pedrera. Con esta operación podrían volver a circular los trenes de media distancia, los llamados trenes baratos, sin interrupción por autobús, desde Sevilla a Málaga. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en un desayuno coloquio celebrado esta mañana en Sevilla organizado por Forum Europa Nueva Economía. Carazo también ha acusado al Gobierno en funciones de «deslealtad» por la reordenación de los servicios ferroviarios con motivo de la entrada en servicio de la línea Antequera-Granada sin consenso con la Junta. La consejera ha pedido un «debate sereno» sobre los servicios ferroviarios en Andalucía.

Junta y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) negocian desde el pasado abril un cambio de titularidad de la plataforma del fallido Ave autonómico que debería haber conectado con el tramo estatal entre Antequera-Granada y que formaba parte del eje transversal ferroviario de Andalucía. La Junta no tuvo capacidad económica para terminar su línea debido a la crisis y nunca se halló una salida a su utilización pese a que hubo varias propuestas.

Las lluvias torrenciales de octubre del pasado año en varias provincias andaluzas produjeron importantes daños en la conexión ferroviaria convencional de varias provincias, entre ellas la de la capital andaluza con las provincias orientales. En concreto en Aguadulce, entre Osuna y Pedrera, el temporal se llevó el puente metálico sobre el río Blanco. Como su restitución hubiera supuesto muchos millones de inversión y meses de obras, el Gobierno a través de Adif propuso a la Junta el aprovechamiento de parte del eje transversal sin uso, para lo que había de realizar obras para una variante. El Gobierno andaluz aceptó el uso provisional de 9,3 kilómetros de su plataforma ferroviaria y Adif ejecutó las obras previstas, terminándose estas la pasada primavera, con el nuevo gobierno de PP y Cs en la Junta.

Los servicios jurídicos estatales advirtieron a Adif de que para la integración del tramo en la Red Ferroviaria estatal (RENFE) y que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria supervise su seguridad y autorice el tráfico, el tramo en cuestión debía ser de titularidad pública estatal. Y aquí es donde entra la negociación de Adif con la Consejería de Fomento, que el pasado agosto remitió su contra oferta a la empresa estatal. Consiste esta en que asuma la construcción y explotación de la conexión por Cercanías entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo en Sevilla, explica la consejera. Se trata de un proyecto que es de la competencia estatal, pero sin fecha de ejecución. Con el acuerdo, la Junta pretende garantizar su construcción en un tiempo concreto «lo que redundaría en el interés general de los andaluces«, subraya.

Hasta que haya acuerdo los viajeros que deseen ir desde Sevilla a Málaga por vía ferroviaria tienen dos opciones, utilizar el servicio Avant por la vía del AVE a través de Córdoba, con una hora y 55 minutos de duración pero con un billete de elevado coste; o comprar el billete de la línea convencional, lo que implica el transbordo en autobús entre las estaciones de Pedrera y Osuna, con trayecto de tres horas y cuarto a tres horas y media. Con la nueva variante el viaje se situaría en dos horas y media y a precio más económico. Estos trenes tienen paradas en varias ciudades medias entre Sevilla y Málaga, entre ellas Antequera, por lo que también afecta a las conexiones de Sevilla con Granada y Almería, ahora cambiadas por la apertura del AVE a la capital de la Alhambra.

Precisamente a estos cambios de los trenes de distancias medias en Andalucía, con supresiones de horarios y pasos por algunas estaciones para primar el uso de los Avant por la línea del AVE, se ha referido Marifrán Carazo para expresar su queja al Gobierno por no haber informado de los mismos a la Junta de Andalucía. Carazo ha explicado que el objetivo de su departamento es «llegar a acuerdos con el Ministerio de Fomento para que Andalucía cuente con la red ferroviaria que necesita». «Nuestros ciudadanos no se merecen la supresión de servicios ferroviarios, porque con ello sólo se contribuye a aumentar el riesgo y de despoblación de nuestros pueblos», ha señalado Carazo. La consejera propone un acuerdo con el Gobierno de España (que ya tendrá que ser después de las elecciones) para «minimizar los efectos de la reordenación de los servicios ferroviarios con motivo de la entrada en servicio de los trenes Avant». «No es justo que el Gobierno en funciones tome decisiones de este tipo en el último minuto sin tenernos en cuenta porque afecta a muchos andaluces», ha esgrimido.

Carazo también ha anunciado la aprobación a final de año de la nueva Ley del Suelo. La consejera de adopción granadina ha sido presentada en el foro por el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien ha descrito a Carazo como una mujer de «gran capacidad de trabajo y de diálogo». «Dirige con altura de miras uno de los departamentos con mayor peso político e inversor». La titular de Fomento ha informado a una nutrida representación empresarial de los objetivos más inmediatos, como desbloquear 32 contratos para el arreglo de carreteras que caducaron con la anterior administración socialista. Entre los programas en marcha ha mencionado un nuevo plan de infraestructuras de 2020 a 2027 con la fórmula de colaboración público y privada; impulsar el sello verde en las nuevas infraestructuras, la constitución de una mesa de seguridad vial y la aprobación de un plan para la eliminación de tramos viales con más accidentes y la construcción de 40.000 viviendas en cinco años, algo ya anunciado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.