La Junta abre la puerta a las construcciones en suelos con riesgo de inundación

El director general de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta, Fernando Delgado, ha participado esta semana en Málaga en una jornada de presentación del Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea en la que ha destacado que la normativa de este plan, que podría entrar en vigor para mediados del año que viene, ya no equipara los suelos inundables con los rurales, en el sentido de que no se permiten construcciones, sino que será posible edificar con las condiciones que establece la legislación básica estatal en materia de aguas. «Quiero tranquilizar a mucha gente, quiero que vean la normativa del plan hidrológico, que es absolutamente diferente en ese sentido», ha destacado Delgado.

«En el plan anterior, los terrenos inundables eran suelo rural y eso motivó muchos de los recursos. El malestar fue por esa norma que se excedía de lo que establece la legislación autonómica y estatal, y eso se ha suprimido por completo. Las limitaciones de uso son las que se establecen en la legislación de aguas y en la legislación básica estatal», ha insistido el director de Planificación y Recursos Hídricos.

Asimismo, según ha podido conocer SUR, la Junta trabaja en un decreto de simplificación administrativa que reforzará ese criterio y obligará a su aplicación por parte del departamento autonómico de Ordenación del Territorio, cuyas normas todavía equiparan los suelos inundables con aquellos en los que no puede permitirse construcción alguna por sus valores naturales. Con este cambio, sería mucho más factible la autorización de edificaciones en los suelos que se encuentran fuera de la zona de flujo intenso o preferente, la más próxima a los cauces, donde sí seguiría resultando más complicado realizarlas.

La intención del Gobierno andaluz es aprobar ese decreto lo antes posible, un cambio normativo que, sumado a lo contemplado en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea y en la nueva Ley de Impulso y Sostenibilidad del Suelo de Andalucía (LISTA), podría abrir un camino de esperanza para numerosos proyectos que bloquean los nuevos mapas de riesgo de inundación que tramita la Junta.

No obstante, desde la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma) se insiste en que, para ofrecer garantías a los inversores, los mapas contemplen un régimen transitorio o reflejen de alguna manera el efecto reductor del riesgo de inundación que van a propiciar las obras que va a acometer próximamente la Junta por valor de 7,3 millones de euros para rebajar ese peligro en el entorno del Guadalhorce. Así lo puso de manifiesto en la citada presentación el abogado asesor de Apoma, Manuel Jiménez Baras, del despacho Ius Urbis, quien también solicitó públicamente que se regulen los procedimientos para la petición de licencias de obra en zonas inundables.

Sin embargo, ninguna de esas dos inquietudes cuentan con una respuesta positiva por parte de la Junta, que no reflejará el efecto de esas obras en los mapas de riesgo hasta que no estén finalizadas, ni aprobará una normativa sobre los permisos urbanísticos en zonas inundables con el argumento de que no constriña futuros mecanismos legales que puedan facilitarlos. «No es conveniente, no nos debemos meter en más asuntos de los necesarios», le respondió el director de Planificación y Recursos Hídricos.

Los empresarios y promotores también echan en falta una mayor implicación de las administraciones en la ejecución de obras para reducir el riesgo de inundación que provocan no solo el cauce del Guadalhorce, sino también los del río Campanillas, y los arroyos de las Cañas y Merino, analizados en los nuevos mapas y que provocan un mayor efecto limitador para las construcciones en las zonas adyacentes.

El borrador del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas vuelve a contemplar el proyecto para sustituir el puente de la Azucarera por uno nuevo, más elevado, para que no suponga un 'tapón' en el encauzamiento de la desembocadura del Guadalhorce que ejecutó el Estado. La Administración central parece dispuesta a asumir buena parte de la financiación de esa obra, valorada en 60 millones de euros, pero es partidaria de que la acometa el Ayuntamiento o la Junta. El plan prevé su ejecución para el año 2027. En caso de realizarse, supondría una solución prácticamente definitiva al riesgo de inundación que ahora bloquea y condiciona no pocas inversiones en esta zona empresarial de Málaga.