Juan Manuel Rosillo: «Los promotores harán VPO si hay un margen de negocio real»

–¿Qué le ha parecido la subida de precios aprobada por la Junta para reactivar la VPO? ¿Cree que va a ser suficiente para que los promotores se animen a asumir de nuevo esa tipología?

–Creo que sí. Estas medidas son muy interesantes y las recibimos con muchas ganas y mucha ilusión. Son esperadas por el sector y muy trabajadas por las asociaciones provinciales de constructores y promotores, coordinadas por el presidente de Fadeco, Ignacio Peinado, y nuestra secretaria general, Violeta Aragón. Nuestro objetivo era actualizar los precios de la VPO porque en la situación actual se hace inviable que la iniciativa privada ejecute estos proyectos. Queríamos una subida del 15%, pero un 14,5% nos parece positivo e importante. Todo el mundo debe entender que los costes de construcción se han incrementado en los últimos años en un 20%.

–¿Podría esa subida del 14,5% de los precios impedir que una parte de los aspirantes a la VPO puedan acceder a ella?

–Estas medidas tienen que estar también acompañadas por la iniciativa pública. Para aquellos sectores de la sociedad en los que, ni con los precios anteriores ni con los nuevos, incrementados un 14,5%, existe posibilidad de acceder a una VPO, las instituciones tienen que tomar otra serie de medidas. Nosotros creemos que la subida es positiva y va a dinamizar el sector. Se va a poder ofertar un mayor número de viviendas de protección oficial.

–Una de las reivindicaciones de los promotores era que se ampliaran los límites salariales para poder acceder a una VPO, de forma que este régimen abarque un mayor sector de población de clase media que no puede aspirar a una vivienda social porque supera los ingresos establecidos para ello, pero tampoco llega a poder suscribir una hipoteca para un piso de renta libre. ¿Cree que la subida de esos límites va a surtir efecto?

–Sí, creo que es muy positivo aumentar los ingresos máximos para acceder a una VPO, porque había mucha gente que se había quedado en un punto muerto: no podían acceder al mercado de vivienda libre, porque no tenían los recursos suficientes, pero es que tampoco podían aspirar a una vivienda protegida porque sus ingresos superaban los límites establecidos. Ahora, si son compradores solventes, sí van a poder acceder a la compra de una VPO. Hay estudios que apuntan que esto va a ampliar en un 20% ó un 25% la masa social que puede acceder a un piso protegido.

– El Ayuntamiento de Málaga tiene previsto sacar a concurso en los próximos meses suelos para 1.168 VPO en los sectores de Distrito Zeta y Amoniaco (Cortijo Merino). ¿Habrá empresarios suficientes dispuestos a asumir la construcción y explotación de VPO en esas parcelas?

–Estas medidas para fomentar la VPO van a abrir nuevas oportunidades para que los empresarios se animen a meterse en el desarrollo de estos proyectos. Seguro que se va a despertar más interés.

–También está pendiente el desarrollo de 1.362 viviendas protegidas en los suelos del Gobierno central en Buenavista. En este caso, todo apunta a que las administraciones también terminarán dejando su construcción y promoción en manos de privados. ¿Considera viable que las instituciones pasen a los empresarios la pelota de la ejecución de todos esos proyectos de viviendas públicas?

–No es justo hacer responsable solo al sector de los constructores y promotores de la falta de una política real de vivienda a nivel nacional. No obstante, sí van a encontrar siempre dispuesta a la iniciativa privada en aquellas propuestas donde haya un razonable beneficio, un margen de negocio. El sector se siente responsable en este reto. En el diálogo con la iniciativa privada se puede encontrar la solución a este problema. El privado lo hará cuando haya una oportunidad de negocio real y cuando exista un margen razonable. La administración es propietaria de mucho suelo y puede intervenir con muchas fórmulas. Una forma es promover las viviendas directamente en sus suelos con recursos propios y otra es ceder el suelo, si no tiene esos recursos, para que sean los privados los que desarrollen y exploten los proyectos durante un determinado periodo de años que permita amortizar la inversión inicial. Después, esas promociones de viviendas protegidas podrían volver a manos de la administración.

–En el caso de la capital, una vez que se pongan en marcha todos esos proyectos, para los que todavía quedan años hasta que se lleven a cabo las obras de urbanización de los suelos, no parece que estén disponibles muchos más suelos para la construcción de VPO. ¿Qué se puede hacer para facilitar que haya más parcelas listas para albergar proyectos de viviendas protegidas?

–Hay que ser consciente de que las empresas que están detrás de los grandes desarrollos, en los que se puedan encontrar suelos para cantidades importantes de VPO, se encuentran muy solas. Existe una necesidad de tomar como estratégicos esos desarrollos y ayudar a esas empresas para que puedan incorporar esos suelos para la promoción de viviendas de protección oficial. Digo que se encuentran solas porque son grandes suelos pero muy costosos, y en los que pocas empresas cuentan con los recursos necesarios para ponerlos en marcha. La incertidumbre de los plazos de los trámites urbanísticos, que en algunos casos llegan a siete o diez años, y las cargas externas son obstáculos para impulsar la ejecución de esos grandes proyectos. Hay que ayudar con financiación pública, ligada a criterios de sostenibilidad, y compensar las enormes cargas externas. Todavía existe legislación europea que califica a la actividad promotora como especulativa, y eso es inadmisible en estos momentos. Hay que facilitar que esos desarrollos puedan ser una realidad.

–Desde la asociación que preside propusieron a finales del año pasado el proyecto IMPASS (Impulso Andaluz a Suelos Sociales y Sostenibles), para que la Junta incluyera en su unidad aceleradora actuaciones residenciales. ¿En qué punto está esa iniciativa? ¿Han tenido alguna respuesta por parte del Gobierno andaluz?

–Sí, hay un trabajo de fondo muy serio por parte de las asociaciones provinciales, de Fadeco Promotores, y hay muy buena interlocución con la consejera de Fomento, Rocío Díaz. Son conscientes de que hay que tomarse muy en serio el hacer viable el desarrollo de estos proyectos. Las propuestas que hemos hecho como sector están siendo escuchadas y espero que en breve podamos tener también buenas noticias.

–En el decreto aprobado por la Junta el pasado martes también se incluían medidas para agilizar los trámites ambientales que retrasan durante años proyectos urbanísticos para desarrollar nuevos suelos. ¿Cree que van a dar resultado esas medidas?

–Aparece una nueva figura de una autorización simplificada que parece que puede tener repercusión en una gran cantidad de expedientes. El Gobierno andaluz está en la labor de simplificar trámites y, en ese sentido, seguro que esto viene a ayudar para los desarrollos de los suelos.

–En su opinión, y haciendo un poco de resumen, ¿cómo cree que se arregla el problema del acceso a la vivienda en Málaga?

–No es una solución única pero hay que actuar en las diferentes líneas. Por ejemplo, cuando ya podemos contar con un suelo finalista, listo para construir, hay que seguir agilizando la obtención de las licencias de obras. Lo razonable sería poder tenerla en tres o cinco meses, pero en muchos casos se alarga mucho más. Con todo, la realidad es que falta suelo finalista, así que también es importante plantearse qué medidas hay que tomar para que exista mucho más suelo disponible. La actual ley urbanística andaluza ha aportado cosas positivas, como la figura del agente urbanizador y la posibilidad de que entidades de fuera de la administración municipal puedan colaborar con la emisión de informes. Todo esto ayudará a que los plazos de las licencias para más viviendas sean menores, y a que se pongan más hogares nuevos en el mercado.