Emergencia... desburocratizadora

Recuerdo cuando el PP llegó a la Junta de Andalucía que Elías Bendodo apuntaba que el objetivo de la Junta no era hacer leyes per ... se, sino más bien todo lo contrario. La verdad es que aquella música sonaba bien, pero la letra no se corresponde con aquellos buenos propósitos liberales, que se alejaban de la manía regulatoria que aqueja a las instituciones españolas. Sin distinción. Desde el Estado al último ayuntamiento. También se me quedó grabado, para eso tengo memoria selectiva, una intervención del presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, que apuntó en un foro que en España había unas ¡160.000 normas! ¿Quién se puede desenvolver con celeridad ante este panorama? Hay que ser muy valiente para enfrentarse a ello. Ahora que les ha estallado a las administraciones el problema del acceso a la vivienda se han dado cuenta que a corto plazo no pueden hacer prácticamente nada, porque la maraña burocrática les impide construir de una manera rápida viviendas de VPO. Son víctimas del sistema que tienen establecido. Los promotores andaluces han tenido una buena idea para sortear el tortuoso camino para levantar un barrio: incluir en la ley de vivienda que prepara la Junta la figura de la emergencia habitacional para sortear trámites administrativos. Desde Fadeco, que es la asociación que los engloba, se apunta que tardan hasta diez años para entregar una vivienda desde que empieza el proceso con la compra del suelo. Pueden pensar que es una barbaridad, pero si se hurga en lo que tienen que pasar el tiempo parece hasta corto. Cojan aire. Lo primero que tienen que hacer es lo que se denomina el instrumento de planeamiento, en donde tiene que haber una aprobación, pero ojo, no sólo una, sino una inicial, otra provisional y otra definitiva. Será por aprobaciones. Para ello tienen que pedir informes sectoriales, que en numerosos casos son decenas, que tienen que firmar departamentos de varias administraciones. Que si medio ambiente por si hay una plantita afectada, que si carreteras, que si Cultura, que si aguas, que si otras tantas cosas que tardan varios meses en contestarse. Pues bien, después del planeamiento viene la reparcelación, donde también hay que pasar un quinario antes de pasar a la tercera fase, que es la de urbanización, donde también tienen que producirse varias aprobaciones, ya saben, la inicial y al final la definitiva. Y se llega a ese momento después de varios años sin haber movido una sóla máquina y teniendo que aportar en ese instante un aval del 7% del valor de las obras de urbanización, o sea, para hacer las calles y las aceras, para que nos vayamos entendiendo. Es fácil que hayan pasado hasta seis años para llegar a ese punto. Después viene el estudio de detalle y la licencia de obras, aunque antes han tenido que formar lo que se denomina la junta de compensación, que es donde se decide qué 'trinca' el ayuntamiento de ese proyecto. A esto hay que añadir que no haya un ciudadano que en el periodo de alegaciones haya detectado algo que no le guste o que considere que no ha seguido el trámite correspondiente... Horrible. Esto no puede seguir así. Hay que ser más flexibles. La Junta tiene que dar el paso a esta nueva figura, que ya se utiliza por cierto cuando se han tenido que acometer obras de emergencia para asegurar el suministro de agua ante la sequía. Si se quiere se puede. La Junta incluso ha creado una oficina aceleradora de proyectos para que los empresarios que quieren invertir en la comunidad no se aburran y se vayan a otro lado. Pues bien, ¿saben qué proyectos están especialmente excluidos para entrar en esa oficina? Sí, han pensado bien: los residenciales. ¿Y cuál es la razón para ello? ¿Acaso no es estratégico que se construyan más VPO para que haya familias que puedan acceder a las mismas? Tampoco hay que desdeñar ante la actual situación que se les permita mayor edificabilidad a los promotores, siempre y cuando el exceso se dedique de manera exclusiva a la construcción de viviendas protegidas. Hay posibilidades para ello. Incluso vía decreto ley si hiciera falta. No tiene sentido que en Málaga, por ejemplo, haya suelo para hacer 1.300 VPO en la zona de Buenavista en unos terrenos que corresponden al Gobierno y no se pueda meter una máquina porque se tiene que pasar por los trámites administrativos apuntados anteriormente. El Ayuntamiento acaba de anunciar que crea una unidad aceleradora (a buenas horas) para viviendas protegidas, lo cual no deja de ser un reconocimiento de que la burocracia lo frena todo. De que las cosas no funcionan. Sin duda, hay una emergencia habitacional. Y también hay una emergencia desburocratizadora...

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