La jueza ordena a la policía investigar qué cargo ocupaba Conejo cuando se legalizó su piscina

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga ha reanudado la investigación después de que la Audiencia Provincial estimara el recurso interpuesto por la abogada que denunció el caso. La magistrada ha emitido un auto, al que ha tenido acceso SUR, en el que ordena a la Brigada Provincial de Policía Judicial que averigüe si Conejo «ostentaba puesto o cargo alguno en una corporación, tribunal u órgano colegiado con mando o jurisdicción propia o si, por disposición legal, por elección o por nombramiento de autoridad participaba en el ejercicio de funciones públicas».

La investigación policial ha recaído en el Grupo II de la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco-Costa del Sol, que a mediados de marzo abrió la operación Alirón. El lunes de la semana pasada, los agentes acudieron a la sede del PSOE en Málaga para entregarles el auto dictado por la jueza.

La respuesta no se hizo esperar. El actual secretario de Organización de la ejecutiva de los socialistas malagueños, Cristóbal Fernádez, entregó a los investigadores un escrito sobre los extremos requeridos por la magistrada y éstos, a su vez, lo presentaron en el juzgado el miércoles. En ese documento, al que accedió SUR, se certifica que en el periodo requerido Conejo no ostentaba ningún cargo electo ni ningún puesto o responsabilidad (cargo de confianza) en ninguna administración pública Unión Europea, Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación, ayuntamientos de la provincia o entidades dependientes de la misma. A nivel orgánico en el partido, entre junio y agosto de 2009, era el secretario de Organización.

Conejo, según fuentes de su defensa, junto a ese documento ha presentado ante el juzgado un certificado de la secretaría general de la Diputación donde se recoge que «no figura ni como personal ni como cargo público de la misma entre el 11 de octubre de 2008 fue cesado como personal eventual y el 23 de junio de 2011 fue nombrado diputado provincial». Asimismo, ha remitido un certificado de la secretaría del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria donde se dice que en el periodo 2007-2011 entre las responsabilidades que asumió Encarnación Anaya, entre ellas la Alcaldía, no estaban las de urbanismo.

El caso

El caso lo denunció la abogada Paloma A. Gámez en febrero de 2015 ante el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. La letrada negó cualquier interés político pero reconoció haber trabajado en el despacho del alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, quien mantuvo una fuerte disputa política con Conejo durante su etapa en la Diputación cuando el regidor militaba en el PP.

El actual portavoz del PSOE en el ente supramunicipal instaló la piscina sin presentar el correspondiente proyecto técnico en el Consistorio y sin esperar a la preceptiva licencia municipal, que no le fue otorgada en 2007, cuando la solicitó por primera vez, sino en 2009, año en que accedió a la Alcaldía del municipio la socialista Encarnación Anaya.

La jueza archivó el caso al entender que, de existir infracción penal, ésta habría prescrito, ya que la denuncia apunta a un delito de tráfico de influencias al considerar que Conejo influyó en la alcaldesa al ser ésta su subordinada se alude al cargo que ostentaba en la Diputación y que habría obtenido un beneficio económico que cifra en 7.000 euros al ahorrarse el proyecto técnico de la piscina. Dado que la licencia sin proyecto se otorgó en 2009 y la denuncia se presentó en 2015, la magistrada resolvió que el posible delito habría prescrito.

Sin embargo, la Audiencia Provincial no compartió su tesis y estimó el recurso de la parte denunciante, al que también se adhirió la Fiscalía. La Sección Segunda ordenó el pasado 22 de febrero la práctica de nuevas diligencias «a fin de agotar la investigación». La sala aludió al informe del Ministerio Público, que defiende que los posibles delitos no estarían prescritos, ya que «la pena de inhabilitación prevista para el tipo penal prescribe a los 10 años». Para la Fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias o bien de prevaricación.

El recurso que ha propiciado la reapertura del caso insiste en que Conejo ocupaba un cargo en la Diputación y, por tanto, era autoridad y superior jerárquico de la alcaldesa de Rincón de la Victoria, por lo que entiende que los hechos se encuadrarían en el tipo penal del tráfico de influencias o también en el de prevaricación bajo la figura de cooperador necesario o inductor.

Fuentes próximas a Conejo explicaron que está tranquilo y que «no existe atisbo de responsabilidad, no ya penal, sino de clase o naturaleza alguna». «Se irán desmontando las acusaciones», añadieron.

La sala ha pedido que se tome declaración a Conejo como querellado y reclama al Ayuntamiento de Rincón que envíe el expediente administrativo sobre la piscina. En este punto, desde la defensa del dirigente socialista se esgrimió un auto del 17 de marzo en el que la jueza sostiene que acordará lo que proceda cuando se haya practicado la diligencia de investigación pedida a la Policía.