Denuncian la muerte de un malagueño en una cárcel de Perú en condiciones infrahumanas

José, malagueño, de Ciudad Jardín, falleció el miércoles en el hospital peruano al que fue evacuado cuando la tuberculosis que contrajo en prisión ya lo había devorado por dentro. Tenía 51 años. «Le amputaron las piernas y lo esposaron a la cama; así murió», describe Javier Casado, presidente de la Fundación +34, que denuncia las condiciones «infrahumanas» en las que viven muchos presos españoles, como José, recluidos en cárceles del extranjero. Actualmente hay unos 1.600 repartidos por el mundo.

La familia lo había dado por desaparecido, porque nunca supo de su viaje. «Él solía visitar a sus padres, hasta que un día dejó de ir. Nos extrañó, pero era mayor de edad, así que tampoco podíamos hacer nada», relata un pariente cercano, que prefiere conservar el anonimato. José tenía entonces 37 años y era «un hombre normal, una buena persona» que, según su familia, nunca había tenido problemas con la Justicia en España.

Por carta

La verdad llegó por carta unos meses después. Una misionera española que llevaba años trabajando en Lima escribió a la familia de José para contarle que se encontraba preso en el penal del Callao, una cárcel con capacidad para 700 personas en la que, según los cálculos de la Fundación +34, que ayudó a José hasta sus últimas horas, pueden convivir, hacinados, más de 4.000 reclusos. La religiosa adjuntó a la misiva un recorte del periódico local donde se daba cuenta de la detención de un español por ejercer como «burrier», el equivalente peruano a las mulas, que es como se conoce a las personas que transportan droga en su cuerpo o en su ropa a cambio de una suma de dinero.

José fue condenado inicialmente a 25 años de prisión, que se redujeron a 15 por un cambio de la legislación. «Sus padres buscaron un abogado en Perú al que enviaron dinero varias veces para que llevara su defensa. No hizo nada. Ahora dudo incluso de que fuera abogado», recuerda el familiar del fallecido. El recluso malagueño contactaba regularmente con su hermana mayor, a la que nunca reveló la situación en la vivía. «No quería contarnos nada para que no sufriéramos», apostilla. Sólo le decía que estaba bien y que, si podía, le mandaran dinero. Ellos le enviaban 200 euros cada cierto tiempo. «En la cárcel se compra todo, desde el derecho a piso (un colchón donde dormir) hasta la comida», apunta Javier Casado.

Hace unos meses, el consulado contactó con la familia para informarle de que José tenía tuberculosis, una enfermedad muy común en estas cárceles por las condiciones de insalubridad. «Nos habíamos movilizado para traerlo a España y que terminara de cumplir la condena. Aquí podía haber recibido tratamiento y salvarse. Hicimos una campaña de recogida de firmas. Faltaba la última en Perú, no sé si del presidente o de un ministro, pero sólo una». La rúbrica para su viaje de vuelta no llegó a tiempo. «Ahora nos piden 10.000 dólares para repatriar el cuerpo y 6.000 si sólo son las cenizas». La familia, entre el dolor y la impotencia, se queja del excesivo castigo: «Cometió un delito, y lo ha pagado con la vida. Nunca sabremos cuánto ha sufrido allí».