Concentración hoy a las puertas de la empresa, en el PTA. Migue Fernández

Trabajadores de Op Plus se oponen a su incorporación presencial «por no garantizarse el protocolo covid»

Delegados sindicales de la empresa se han concentrado hoy a las puertas de sus oficinas en el PTA y frente a la sede del BBVA (propietaria de esta empresa de servicios de 'back office' y su filial Qipro) en calle Larios

Lunes, 6 de septiembre 2021, 13:57

Op Plus, la empresa propiedad de BBVA que se encarga de realizar de manera externalizada las tareas administrativas que genera esta entidad financiera, vuelve a ... la oficina este próximo 13 de septiembre con un modelo híbrido (tres semanas al mes presencial y una cuarta en remoto), al que se opone la plantilla por considerarlo «inviable», ya que no garantiza la seguridad en la actual situación sanitaria. Según denuncian, las oficinas carecen de ventanas y eso impide la ventilación natural.

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Por esta razón, los delegados sindicales con representación en el comité de empresa (CGT, UGT y CC OO) han protagonizado hoy sendas concentraciones a las puertas de la empresa en el PTA y frente a la sede principal del BBVA, en calle Larios. Aquí, algo más de 30 personas han exhibido una pancarta en la que se podía leer 'Grupo Opplus. Trabajo bancario con sueldos precarios' y han guardado un minuto de silencio «por nuestro dinero, que está muerto».

El comité de empresa cree que este modelo híbrido, que va a afectar al 80 por ciento de una plantilla de 2.000 personas (el 20% restante permanecerá en teletrabajo), pone en riesgo su salud. «Nuestro centro de trabajo carece de ventanas y ventilación natural y, por tanto, creemos que no se respetan las condiciones mínimas sanitarias que exige el momento actual», expone el presidente del comité de empresa Melquiades Ramírez. «No nos oponemos a esta fórmula mixta, pero cuando pase la pandemia». Asimismo, acusa a Op Plus de buscar todos los «resquicios» legales para evitar acogerse a la ley de teletrabajo, «bien procurando que las jornadas de teletrabajo sean inferiores al 30 por ciento o acogiéndose a la disposición adicional tercera de la ley, de forma que no se aplicará cuando las empresas hayan implantado el teletrabajo como medida de contención sanitaria derivada del Covid-19», explica Ramírez. Por el momento, aclara, está denunciado en la Inspección de Trabajo y «estamos esperando a que se pronuncie para interponer una demanda formal».

Y es que la plantilla se opone también al planteamiento hecho por la empresa en relación a la ayuda alimentaria que reciben los trabajadores, «pues se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo en toda regla y así lo hemos puesto en conocimiento del Sercla».

Desde que se declarara el estado de alarma, la empresa ha seguido pagando a todos sus trabajadores los nueve euros diarios recogidos por contrato en concepto de ayuda alimentaria. Según el comité de empresa, para compensar los gastos de teletrabajo. «Creemos que eso lo tiene que determinar un juez y no ellos de forma unilateral», subraya Ramírez. Asegura que la dirección ya les ha notificado que esa dieta alimentaria la van a cambiar por dos pluses: dieta alimentaria cuando se trabaje presencial y compensación de gastos de teletrabajo durante los días en que el trabajador opere en remoto. Ramírez ya ha advertido de que no están dispuestos a perder poder adquisitivo. «Tenemos derecho a esta dieta alimentaria siempre que la jornada sea partida y el contrato no especifica si es en modo presencial o en remoto».

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Desde la empresa aseguran que se ha apostado por este modelo híbrido por dos razones fundamentalmente: la primera de ellas, precisamente, para respetar las limitaciones de aforo que establece el protocolo covid en la actual situación sanitaria y prevenir así cualquier posibilidad de contagio. La segunda, para «sacar provecho» a todo lo aprendido en materia de conciliación familiar. Consideran que esa flexibilidad puede seguir siendo un factor positivo, «aunque con el tiempo iremos viendo si continuamos con este esquema laboral o se cambia», ha asegurado Lucía Landete, manager de Comunicación Corporativa.

El conflicto laboral en OP Plus Operaciones y Servicios no es nuevo y se remonta a casi a sus inicios en 2007. Al principio se adscribió al convenio laboral de oficinas y despachos, lo que provocó que los sindicatos iniciaran una batalla judicial, ya que consideraban que los empleados de OP Plus debían regirse por el convenio de banca. Este pleito lo perdieron años después. En 2010, la empresa cambió su objeto social con el fin de adscribirse al convenio laboral de consultoría y estudios de mercado, pero con el que nunca se han sentido «identificados ni reconocidos», afirma Ramírez. «No somos una consultoría al uso, por eso queremos que se reconozca nuestra labor como un trabajo bancario«.

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En este misma línea se ha pronunciado el secretario general de la Sección Sindical de CCOO en OPPLUS Málaga, Antonio Campano, que ya ha anunciado una huelga general de trabajadores para el próximo 17 de septiembre si la situación no cambia.

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