El promotor de Moneo asegura que podrá saldar toda su deuda si le dan la licencia de obras

El gerente de Braser II, José Luis López, explicó que la concesión de la licencia «apoya el cierre de la financiación» prevista tanto para el pago del convenio como para la construcción del proyecto, por ello recordó que han pedido a la Gerencia de Urbanismo que se la conceda, aunque sea condicionando su expedición al pago de la deuda pendiente. «El Ayuntamiento no está asumiendo riesgo alguno, si no pago, no me expide la licencia, así que no puedo empezar las obras», aseguró López, quien remarcó que este permiso les corresponde «por ley». Refuerza su postura el citado fallo judicial que el pasado mes de marzo rechazó la actuación de la oposición al votar en contra de una autorización urbanística que contaba con informes positivos de los técnicos municipales.

El concejal de Ordenación delTerritorio, Francisco Pomares, aseguró que el equipo de gobierno está dispuesto a llevar al próximo consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo los permisos que quedaron bloqueados en julio de 2016 –la aprobación del proyecto de urbanización y de la licencia de obras– por los votos negativos de todos los grupos de la oposición, si así lo pide la promotora. En esta ocasión, al menos el grupo de Ciudadanos cambiaría su 'no' por un 'sí', por lo que la aprobación de los trámites pendientes estaría garantizada.

Así lo señaló el concejal de la formación naranja Alejandro Carballo, quien apuntó que deben «cumplir lo que ha dicho el juez». Carballo confió en que, si se retoma el asunto por esta vía, el promotor cumpla su palabra y pague lo que debe a la ciudad desde que en diciembre de 2016 expiró el último aplazamiento que tenía para abonarlo.

Según ha podido conocer este periódico, el pronunciamiento del interventor adjunto eleva la deuda de los privados en casi un millón de euros más al considerar exigible el pago de un recargo de 969.694 euros que, según el organismo autónomo de Gestión Tributaria, no se le tendría que cobrar al promotor en el caso de que salde su deuda o logre un nuevo escenario de pagos. Pese a este dictamen de la Intervención, el gerente de Braser II sigue considerando que no tiene por qué pagar el recargo que se le exige desde el órgano fiscalizador del Ayuntamiento. «Este aspecto está todavía pendiente de que los tribunales se pronuncien de forma definitiva, y tenemos mucha confianza en que no haya que pagarlo», afirmó López. Según apunta el interventor en su informe, una sentencia ha confirmado el rechazo del Consistorio a los recursos de los privados para exigir que no se les cobre el recargo de apremio –sí tendrán que abonar los intereses de demora– y para que se anule el embargo que pesa sobre los suelos de Hoyo de Esparteros por la deuda. Braser II ha recurrido esa sentencia en apelación.