Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones

Según el balance económico de este organismo municipal, el año pasado se quedaron sin cobrar 3.141.135 euros de recibos de VPO de alquiler de las viviendas que gestiona el IMV, un total de 3.929 pisos protegidos, de los que 2.494 son de titularidad municipal y 1.435 pertenecen a la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento tenía previsto ingresar 6.472.915 euros por el cobro de estos alquileres, por lo que 2024 se cerró con un índice de morosidad del 48%, prácticamente idéntico al de 2023.

Desde el equipo de gobierno municipal han matizado que, a finales del ejercicio, se alcanzó un porcentaje de impagos del 46,7% que, desde los meses de enero hasta mayo, se ha reducido hasta el 37,2%. No obstante, esto supone que cuatro de cada diez inquilinos de una VPO pública en Málaga no abonan la mensualidad que les corresponde.

Las medidas adoptadas desde mediados del año pasado por parte de los responsables del IMV para reducir la morosidad de los inquilinos de las VPO han logrado que disminuya un 5% la cuantía de los impagos durante 2024 respecto a 2023, cuando no se cobraron 3,3 millones de euros en mensualidades. No obstante, el montante total de deuda, sumada la que se arrastra de años anteriores, alcanza ya más de 30 millones de euros. En concreto, asciende a 31.635.363 euros el importe de los recibos que están por cobrar, según la contabilidad del cierre de 2024 en el IMV, una cantidad que casi daría para llevar a cabo tres veces la reforma de la Alameda Principal. De esa cifra, 25,2 millones de euros están calificados como ingresos de dudoso cobro, en función de lo establecido legalmente respecto a deudas de difícil o imposible recaudación por el número de años transcurridos desde que se activó el cobro. Así, por ejemplo, los alquileres de VPO por cobrar en 2014 y años anteriores suman 7,3 millones de euros. Y los de los siguientes cinco años sin cobrar (que también se tipifican en su totalidad de difícil recaudación) suman 10,5 millones de euros. De 2020 y 2021, se consideran como impagos de dudoso cobro el 80% de las deudas de los inquilinos (3.616.826 euros); de 2022, el 60% de lo que sigue pendiente de ingreso (1.798.922 euros); de 2023, el 40% de la deuda (1.202.249 euros); y de 2023, el 20% (628.227 euros).

Desde la crisis económica de 2008, el Ayuntamiento de la capital no ejecuta desahucios de viviendas protegidas en alquiler por impagos, lo que otorga una cierta impunidad a las personas que no abonan las mensualidades pese a que rondan los 230 euros de media en el caso de las VPO construidas por el Consistorio, si bien las últimas promociones pueden llegar a los 400 euros. Esta cantidad puede reducirse hasta los 45 euros mensuales en el caso de los pisos de titularidad de la Junta pero con gestión del Ayuntamiento.

Pese a estas cifras, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, apunta que está funcionando el plan que se puso en marcha a mediados del año pasado para reducir la morosidad en las VPO de alquiler. «Ya tenemos un equipo de inspectores dedicado a eso y el nivel de impagos ha bajado en más de un 10% en total», ha señalado Pomares, quien confía en que esta reducción de la morosidad siga ampliándose en años sucesivos. «En las inspecciones hemos detectado que hay personas que, pudiendo pagar, no lo hacen, pero cuando se les manda un escrito de embargo de bienes, rápidamente responden», ha relatado el edil.

Según cada caso, el IMV ofrece varias opciones a los deudores. La primera es que suscriban un plan de pagos en función de su capacidad económica. La segunda, en el caso de inquilinos que argumenten que no pueden pagar porque no tienen empleo, es ofrecerles un plan de formación para ayudarles a buscar un trabajo. La tercera es ofrecerles un cambio de vivienda en otra promoción de VPO pública en la que puedan pagar un alquiler más bajo. Y la cuarta consiste en activar un proceso monitorio de embargo ante el juzgado, que puede derivar en una confiscación de nóminas o propiedades como coches o televisores.

Según Pomares, por el momento no se ha llegado hasta el final en esa última opción del embargo, porque los inquilinos se ponen al día cuando ven cierta esa amenaza de confiscación de bienes. «Muchos lo hacen al día siguiente de recibir la carta», ha detallado.