Toni Morillas le exige a De la Torre que «barra de Málaga los pisos turísticos ilegales» como hace el Ministerio de Consumo

Todo empezó cuando el Ministerio de Consumo exigió el pasado mes de diciembre a Airbnb que de manera inmediata retirase 65.000 anuncios «ilegales» de viviendas turísticas alojadas en su plataforma al incumplir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos, que debe incluir datos como el número de registro de la vivienda, que es al parecer la irregularidad mayoritaria, quiénes son los arrendadores, o que incluían números de licencia que no correspondían con los expedidos por las autoridades. Airbnb recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ahora ha dictado un auto que avala las actuaciones de Consumo y exige a la plataforma que retire 5.800 pisos turísticos de forma inmediata.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo ha considerado una «gran victoria», y ha celebrado que esta noticia es un «claro aval» de la acción de su departamento ministerial en «defensa de los derechos de los consumidores».

La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha aprovechado este envite judicial a Airbnb para presentar una moción urgente a la comisión de Economía, que se celebra este jueves, con la que pretende que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, «barra del mercado los pisos turísticos ilegales como hace el Ministerio de Consumo». De hecho, con esta percha, Morillas exige que se sumen la Junta y el Ayuntamiento a esta causa y aparten del mercado las viviendas turísticas que están en fraude de ley, que operan en la economía sumergida y que acaparan el parque de viviendas con una actividad irregular cuando Málaga vive una emergencia habitacional de primer orden, como explicaba.

La resolución del TSJM es la primera, pero están en juego las 65.000 viviendas de uso turístico (VUT) en toda España, que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Consumo porque operan de forma «ilegal».

Para Morillas, esta sentencia es «muy esperanzadora» y supone que «se acabó la impunidad en este tipo de alojamientos »que se ha intentado vender que son de particulares y buena parte de ellos son de empresas de multipropietarios, que operan al margen de la ley«, como afirmaba la líder de Izquierda Unida.

Según los datos de la investigación del Ministerio de Consumo, que aporta Morillas, en Andalucía habría 85.000 viviendas turísticas en fraude de ley, de las que 43.000 estarían en la provincia de Málaga.

Morillas se quejaba de que la modificación del PGOU en Málaga para que no se puedan dar de alta viviendas turísticas en 43 zonas de la ciudad por estar saturadas (más de un 8%) de pisos de este tipo, que se aprobó en la comisión de Urbanismo este lunes llegaba tarde y abría la puertas a que se diesen de alta 12.700 más en otras zonas de la ciudad hasta llegar al 8% con entrada y suministros independientes (casas o bajos comerciales), lo que le parecía una «aberración».

«De la moratoria para pisos turísticos que anunció De la Torre hace siete meses y que ha vuelto a anunciar días antes de la manifestación por la vivienda del 5 de abril, qué casualidad, seguimos sin saber nada. A ver si vamos a tener que vivir con el refresco de la noticia de la moratoria cada vez que al alcalde le interese. Ya llega muy tarde«, indicó explicando que en la iniciativa que se abordará hoy demandan que el Ayuntamiento y la Junta colaboren con el Ministerio de Consumo para detectar y poner coto a las VUT ilegales, que haya un portal de datos abiertos para canalizar las denuncias vecinales sobre las irregulares, y que se ponga en marcha un plan de inspecciones de la Junta y el Ayuntamiento para acabar con esta actividad ilegal »porque con siete inspectores que tiene la Junta para toda la provincia, poco podemos hacer«, puntualizó.