Bosque Urbano intenta disuadir a las promotoras interesadas en las torres de Repsol

En este escrito enviado el pasado día 5, el colectivo detalla los diferentes factores que, en el contexto de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, «justifican» la reclamación vecinal, poniendo el acento en «la hiperpoblación, carencia de zonas verdes, inexistencia de red viaria para la movilidad ciudadana, perjuicio de la salud física y mental de la vecindad, destrucción del tejido comercial, agravamiento de los efectos del cambio climático e incremento insostenible de los niveles de contaminación y del tránsito de tráfico rodado en los distritos».

De momento, el procedimiento de venta de las parcelas está pendiente de que las licitadoras vuelvan a manifestar su interés, después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) les dejara claro que en caso de mantener sus ofertas lo harán asumiendo los riesgos del litigio. Un paso que dio el Ayuntamiento después de que todas expresaron sus dudas cuando el pasado mes de julio, tras frenar la valoración de las propuestas técnicas y la selección de los ganadores, Urbanismo les preguntó por primera vez si estaban dispuestas a seguir adelante. Tras seis meses de parón, el consejo rector de la GMU reactivó el procedimiento volviéndoles a pedirles que se pronuncien sobre si deciden continuar o modificar sus propuestas.

En ese primer intento, los tres grandes grupos que optan a las cinco parcelas (Acciona, Urbania y Stoneweg) mostraron su interés en continuar, pero con garantías de que su inversión no se vería comprometida por el litigio. Mientras las otras dos firmas que pujaron únicamente por la torre más alta (Seabreeze y Single Home) apuntaban a la posibilidad de retirarse del concurso. En su conjunto, las cinco parcelas (tres torres de hasta 32 plantas para viviendas y oficinas y dos edificios de cuatro plantas para uso comercial) salieron a subasta por 43,7 millones de euros (sin IVA).