La Fiscalía investiga a medio centenar de padres por no llevar a sus hijos al colegio por el Covid-19

El aviso parte siempre del propio colegio, que alerta a los fiscales cuando las ausencias a clase entre el alumnado son generalizadas o cuando son casos concretos, pero muy graves, como por ejemplo no ir ni un solo día a clase. Las situaciones más críticas corresponden a septiembre-octubre del año pasado (con el inicio del curso académico) y los meses de enero y febrero, cuando tuvo lugar la tercera ola del coronavirus.

«Hubo algún colegio de la capital donde de 120 alumnos apenas iba una decena y nos avisaron para que actuáramos», explica uno de los fiscales de Protección de Menores de Málaga. En algunas barriadas de la capital llegó incluso a circular un modelo de documento que citaba varios artículos de la Constitución amparándose en el derecho a la salud y que los padres de la zona presentaron en masa para justificar la decisión de no llevar a sus hijos al colegio.

Cuando se detectan este tipo de situaciones, el proceso es siempre el mismo: «Citamos a los padres –continúa un representante del Ministerio Público– y les explicamos que el miedo al Covid-19 no es motivo para dejar de escolarizar a sus hijos. Algunos reaccionaban y volvían a llevarlos». Otros, no. De hecho, ha habido algunas familias que trataron de argumentar jurídicamente la decisión e, incluso, acudieron a la Fiscalía en compañía de un abogado.

No obstante, los fiscales del área de Protección distinguen dos perfiles: «Están los que habitualmente eran absentistas y con el Covid han encontrado la excusa perfecta. Y luego hay familias que han empezado a serlo ahora y que lo achacan al miedo al contagio porque tienen enfermos o personas mayores a su cargo en casa».

Durante la pandemia, los casos de absentismo escolar han aumentado entre el 30 y el 40%. De los 200 expedientes que suelen abrir al año por faltas de asistencia de menores en los tramos de educación obligatoria, se pasó a unos 300. De ellos, alrededor de medio centenar de niños no pisaron el colegio ni un solo día durante el curso, o fueron en contadas ocasiones, lo que derivó en la apertura de expedientes para investigar a fondo el caso.

Tras la citación de la Fiscalía, se realiza un seguimiento por parte de Educación y los servicios sociales, aunque supervisado por el Ministerio Público. Si la situación persiste –con el inicio del curso, se revisan para comprobar si se han corregido–, los fiscales pueden llevar el caso a la vía penal, lo que puede desembocar, en situaciones extremas, en la retirada de la custodia por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.

De hecho, en el curso pasado se llevó a cabo esta medida con 30 menores en Málaga por absentismo, aunque venían derivados del curso anterior, cuando aún no había comenzado la pandemia. «Lo que se pretende es que los menores vayan al colegio y la medida más drástica, y la que pretendemos evitar siempre, es sacarlos de su casa e ingresarlos en un centro de protección. Pero si no responden a los avisos, nos vemos obligados a ello», anuncia el fiscal.

La intervención del Ministerio Público es el tercer y último nivel de actuación en los casos de falta de asistencia a clase. Se entiende por absentismo escolar la ausencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentran escolarizados, sin motivo que lo justifique. El número de faltas mensuales injustificadas indicativas de una situación de absentismo escolar está fijado en cinco días lectivos en el nivel de Educación Primaria. En Secundaria se considera que existe absentismo escolar cuando la falta de asistencia es de 25 horas de clase o supere el 25% de días lectivos o de horas de clase.

El primer nivel de intervención corresponde a los colegios. Cuando se detectan esas faltas injustificadas se trata de reconducir la situación hablando con los padres. Si las faltas persisten interviene los servicios sociales municipales o de la Diputación (si la localidad tiene más o menos de 20.000 habitantes).

Si aun con la intervención de los servicios sociales el chico o chica sigue faltando a clase, el asunto se eleva a Fiscalía de Menores. Junto con docentes y trabajadores sociales se establece un plan de intervención con las familias para tratar de reconducir la situación. En caso de incumplimiento, las sanciones previstas por la ley pueden llegar a los dos años de prisión para los padres o tutores legales.

Según los datos facilitados por el Área de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, en el curso pasado se han tramitado 917 casos de absentismo (a la Fiscalía sólo llegan los más graves). Son 187 casos más que en el curso 2019/20, aunque menos que los que les llegaron en el 2018/19, 1.195. De los 917 casos de este pasado curso, se han resuelto 453 y continúan en intervención familiar otros 464.

El concejal responsable, Francisco Pomares, relaciona este incremento con la pandemia y la incertidumbre que se vivió a principios de curso. «La situación se fue normalizando poco a poco, pero es cierto que los primeros meses fueron difíciles». Además, en Palma-Palmilla, distrito del que es concejal delegado, el Covid-19 afectó con intensidad a sus vecinos.

El Ayuntamiento de Málaga cuenta con una importante herramienta para forzar a los padres a colaborar: en caso de absentismo de los hijos, se suspenden las ayudas sociales a las familias.