El litigio en Bomberos sobre los servicios mínimos se resuelve tras casi cuatro años de huelga y con 'rajada' del juez

«En el procedimiento se han cumplido das las formalidades legales salvo el plazo para dictar sentencia», reconoce el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga, quien achaca esta demora a «la acumulación de asuntos en el mismo trámite originada por el volumen de entrada que soporta este juzgado, que en la anualidad de 2019 superó en casi el doble el módulo de ingreso establecido por el Consejo General del Poder Judicial para los juzgados de los Contencioso-Administrativo, verificándose la ostensible superación de aquellos en los años precedentes».

Una vez recogida de forma manifiesta esta queja en la sentencia firmada de su puño y letra, el juez entra a valorar las cuestiones en litigio. Y ahí es dónde acaba dando la razón a los bomberos en algunos aspectos, ordenando por ejemplo que se anule del decreto firmado por el alcalde el apartado que permitía que funcionarios de inferior categoría pudieran desempeñar puntualmente labores de sargento o cabo en caso de que no hubiera personal suficiente en los parques. Pero también desestima varias de las tesis del comité de huelga, como las acusaciones de supuesto esquirolaje interno o que la posibilidad que se reservaba la Jefatura de localizar a personal fuera de servicio para alcanzar los servicios mínimos pudiera suponer una vulneración del derecho fundamental a la huelga.

A efectos prácticos, la repercusión es estos casi cuatro años de huelga ha sido nula porque la dotación diaria ha sido similar a la normal para garantizar que se atienden con suficiencia todas las incidencias que se puedan registrar en la ciudad, pero también está cargada de simbolismo por ser la primera en la historia del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. El estallido vino motivado por un conflicto interno entre buena parte de la plantilla y el anterior jefe, pero en el fondo estaba la exigencia de mejoras en el servicio y en sus condiciones sociolaborales. Y, si la justicia es lenta, la resolución de este enfrentamiento entre funcionarios y el Ayuntamiento también lo es.