El Hospital Pascual de Málaga ultima su cierre definitivo y la salida de 32 trabajadores

A la mayoría de trabajadores les han ofrecido como nuevo destino el Hospital Virgen de la Bella, en Lepe (Huelva). Esta propuesta, presentada el viernes, ha producido una fractura entre la dirección y la plantilla. Muchos de los empleados denuncian que el centro ofertado queda a casi cuatro horas de Málaga capital y recuerdan que el grupo tiene clínicas más cercanas en Cádiz.

Dos de los actuales empleados mantendrán sus funciones de forma telemática. El resto tiene diez días, a contar desde el viernes pasado, para responder a la empresa, que ya ha desmantelado las instalaciones, donde había más de 200 camas. Durante meses, tras el estallido de la crisis del coronavirus, la plantilla creyó que el centro volvería a abrir sus puertas para descongestionar los hospitales de la ciudad. Pero el acuerdo entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el grupo Pascual, que durante años ejerció como el mayor holding sanitario privado de la comunidad autónoma, nunca llegó a alcanzarse.

En la carta dirigida a sus trabajadores, el hospital culpa de su «compleja situación» a la extinción del concierto de disponibilidad asistencial de servicios que tenía con la Consejería de Salud: «La empresa ha llevado a cabo todo tipo de gestiones para recuperar dicho concierto, sin que finalmente se haya conseguido».

Los problemas vienen de lejos. El centro lleva cerca de cinco años sin pacientes. En diciembre de 2020, Salud dio por extinguida la autorización de funcionamiento del hospital por su escasa actividad, reducida a psicología y cirugía plástica. Ante este escenario, la dirección ha presentado un proceso colectivo de movilidad geográfica por causas productivas.

La incógnita ahora reside en qué ocurrirá con la sede del hospital, en pleno centro de Málaga. Fuentes consultadas por este periódico apuntan a un posible uso hotelero del edificio, aunque desde Urbanismo detallan que el trámite resultaría complejo al tratarse de un equipamiento de interés público. Para recalificar su uso, el propietario debería solicitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Pero el procedimiento no acabaría ahí. La ley urbanística andaluza exige que la ciudad sea compensada con un suelo equivalente para dotaciones públicas en un entorno cercano o, en el caso de que esto no sea posible, con dinero. Esta segunda opción parece poco viable porque el Ayuntamiento estaría obligado a emplear la cantidad ingresada, en un plazo de dos años, en la expropiación de suelos o edificios que suplan la pérdida de ese equipamiento.