Los centros de Málaga que atienden la discapacidad intelectual, al límite: «Estamos con déficits inasumibles. Algunos tendremos que cerrar»

Este viernes volvían a recordarlo en Sevilla, en el transcurso de una reunión con la viceconsejera, María del Carmen Cardosa; el secretario general de Políticas Sociales, Daniel Salvatierra y el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez. Y la tensión, después de meses de promesas y negociaciones, fue tal que a la hora de inmortalizar la reunión en la fotografía que posteriormente se envía a los medios, el portavoz del movimiento asociativo en Málaga y presidente de Aspromanis, Alfonso Rubio, dio un paso atrás: «Pedí que no me sacaran porque ya veía que aquello era una tomadura de pelo».

El asunto de la foto es apenas el detalle, porque el problema, expone Rubio, viene de «muy lejos»: «Nosotros mantenemos los centros gracias a los conciertos, trabajando siempre sobre coste y no sobre precio. Es decir, que directamente esos costes recaen sobre nuestras cuentas porque hace años que lo que la Junta nos paga por la plaza concertada no cubre la atención real que necesita cada usuario».

La situación es la siguiente: los conciertos de la Junta de Andalucía con los centros que atienden a personas con discapacidad intelectual no se actualizan desde el año 2012. En 2020 hubo «un pequeño incremento» del 1% y a partir de 2021 se promete un 2,6% adicional. Es decir, un 3,6% en una década. Esa nula actualización -o en el mejor de los casos, escasa- tiene un impacto claro en las cuentas de las asociaciones, añade Rubio: «En 2016 el déficit era del 20%, en 2020 del 28% y en 2022 esperamos que sea del 36%». En este escenario, es «inasumible» que el incremento prometido desde el Gobierno andaluz sea del 2,6% después de que en marzo «nos prometieran una actualización importante», añade por su parte David Villar, portavoz de las asociaciones de Plena Inclusión de Málaga.

En efecto, en la reunión mantenida este viernes en Sevilla se ha anunciado ese 2,6% de subida en los conciertos sobre un presupuesto anual que suele rondar los 200 millones de euros en Andalucía. Rubio lo resume: «Si la Junta gasta 200 millones en conciertos, nosotros hemos gastado 256. ¿Y de dónde salen esos 56 euros de más? De nuestras cuentas». Esta situación, mantenida e incrementada con el paso de los años, ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de decenas de residencias y asociaciones: «Algunas han consumido el poco colchón que les quedaba, otras han tenido que deshacerse de parte de su patrimonio y la mayoría ya han recurrido a las pólizas de crédito para pagar las nóminas a los empleados», explica María Jesús Hernando, gerente de Amirax, tras avanzar que en Málaga hay más de 1.200 empleados, con sus familias, que esperan el sueldo a final de mes.

El estrago, añaden, es tal, que la pandemia ha sido «una puñalada más», constata Rubio. «Es verdad que la Junta ha dado subvenciones para hacer frente a esos gastos adicionales, pero lo que nosotros necesitamos es la actualización real de los conciertos». En este sentido, en la reunión de este viernes, el gobierno regional ha puesto sobre la mesa una partida de 22 millones para gastos Covid que se aprobará en el Consejo de Gobierno de la próxima semana.

La próxima semana también se reúnen las asociaciones para planificar las medidas que van a tomar, entre las que no se descartan las movilizaciones, confirma Rubio, quien deja un último mensaje: «El servicio mayoritario que se presta a la discapacidad intelectual en Andalucía es concertado. Lo público es testimonial, y la administración no es consciente del dinero que se ahorran por la gestión que hacemos las entidades: si el precio del concierto de una residencia tipo es de 1,7 millones de euros, esa misma residencia pública le cuesta a la administración seis millones de euros».