El Ayuntamiento detecta diez mil viviendas deshabitadas en Málaga

El IMV prevé ampliar su programa de ayudas al alquiler al no poder atender a casi novecientas familias en riesgo de exclusión social

JESÚS HINOJOSAMálaga Viernes, 12 octubre 2018, 11:46

El Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, ha llevado a cabo un completo trabajo de campo para detectar las viviendas que están deshabitadas en Málaga, entendidas como tales aquellas que no están en esa condición por tener un uso turístico, de recreo de su propietario o de arrendamiento por temporadas con otros fines. El análisis, realizado por la cooperativa sevillana Espacio Común, ha detectado unas diez mil viviendas en esta condición en el municipio de Málaga, lo que supone el 4% de las casas contabilizadas en total en la ciudad.

Los resultados de este estudio serán presentados el próximo martes en la reunión de la comisión de seguimiento de la Oficina del Derecho a la Vivienda que puso en marcha el Consistorio hace tres años. Desde el IMV admitieron que los ayuntamientos no tienen competencias para aplicar medidas que fuercen a los propietarios de las casas deshabitadas a darles uso o ponerlas en el mercado del alquiler. Es la Junta de Andalucía la que se atribuyó esa potestad mediante una ley de 2013 para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

Esa norma define la vivienda deshabitada como aquella que no se destina al uso residencial «durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación». Para detectarlas, la ley prevé revisar los datos del padrón de habitantes y detectar consumos demasiado bajos de suministros como agua, gas y electricidad, entre otras medidas. Existe un procedimiento reglado para declarar una vivienda como deshabitada, que incluye un periodo de alegaciones, antes de considerarla oficialmente como tal e introducirla en un registro a nivel autonómico. No dar uso residencial a la vivienda supone para la normativa andaluza una infracción muy grave que puede sancionarse con una multa de hasta nueve mil euros. Sin embargo, la ley solo permite sancionar por este motivo a las personas jurídicas, como empresas o bancos, no a las físicas.

Dificultad para alquilar

La proliferación de los alquileres turísticos han dificultado considerablemente los arrendamientos de las casas con un fin residencial. Los alquileres acaparan la mitad de las solicitudes atendidas por la Oficina del Derecho a la Vivienda desde su creación hace tres años, suponiendo un total de 953 intervenciones de un total de 1.895. El resto de asuntos registrados por esta oficina están relacionados fundamentalmente con las ocupaciones irregulares de viviendas y con temas hipotecarios.

El Ayuntamiento también ha hecho balance del plan de ayudas al alquiler que puso en marcha hace tres años para familias en riesgo de exclusión social, una iniciativa que ha detectado un total de 1.586 familias en esta situación de las que ha podido atender hasta ahora a 716, mientras 870 se han quedado a las puertas de recibir las subvenciones para el pago de alquileres al no haber podido encontrar una vivienda disponible. Las ayudas concedidas están próximas a su finalización, porque tenían una duración máxima de tres años, y muchos de sus beneficiarios siguen en una complicada situación económica, de ahí que el equipo de gobierno haya previsto una ampliación de este sistema con dos nuevos planes de ayudas que, hasta el año 2022, supondrían un total de 3,6 millones de euros. No obstante, su aplicación a corto plazo dependerá de que se apruebe el presupuesto de 2019.