El Consejero de Justicia asegura que el ‘Papel Cero’ tiene “financiación cero” del Gobierno

En una reunión que ha mantenido con las autoridades judiciales de Málaga, el consejero ha señalado que "pese a la apuesta indudable" de la Junta para lograr la digitalización absoluta de la Administración de Justicia, este objetivo no va a ser posible por la " precipitada" decisión del Gobierno central de fijar por ley el 1 de enero de 2016 como fecha límite para que el Papel Cero' sea una realidad en todos los juzgados y fiscalías de Andalucía

"Quedan pocas semanas para implantación del denominado Papel Cero y no se ha dotado todavía a los gobiernos autonómicos del equipamiento necesario para hacer efectiva esta medida", ha precisado De Llera, quien ha estimado que la financiación para la implantación del plan es de unos 13 millones de euros, y no hay un duro para ello. El consejero ha destacado que además de la financiación falta tiempo también para la formación de los profesionales en esta materia. Asimismo ha criticado que el Gobierno central haya desestimado fijar por ley un plazo que retrase la entrada en vigor del plan para poder ir adaptando los juzgados a las comunicaciones telemáticas.

Desde principios del próximo año, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales deberán utilizar sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos, así como para la realización de actos de comunicación procesal, en todos los órdenes jurisdiccionales. Ya a partir de 2017, la comunicación por vía telemática será obligatoria también para las personas jurídicas.

Lexnet, desde 2009

Según ha recordado el consejero, en la Administración de Justicia de Andalucía se utiliza Lexnet desde 2009, fundamentalmente para las notificaciones por Internet a los procuradores, y actualmente se está haciendo extensivo el sistema a abogados, graduados sociales, abogados del Estado, letrados de la Junta, fiscales y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, la Consejería de Justicia e Interior prevé, entre otras medidas, dotar de firma digital al sistema de gestión procesal Adriano de forma generalizada tras haberse realizado ya más de 96.000 firmas en sentencias, autos y decretos; facilitar la consulta de la documentación en formato digital de manera ágil y permitir a las fiscalías, que tienen un papel muy activo e importante en todo el proceso, utilizar esos archivos digitalizados, ya que no tienen acceso a Adriano porque utilizan otro sistema informático distinto, el denominado Fortuny

La digitalización de órganos judiciales y fiscalías está respaldada por la Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que obliga a tramitar de manera electrónica los asuntos judiciales, y por la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 de octubre de 2015, en la que el Gobierno fijó el objetivo del Papel Cero' en los juzgados a partir del 1 enero del 2016.