La Fiscalía reconoce sus limitaciones para luchar contra la corrupción y el blanqueo

En sus comentarios a la actividad de la Fiscalía durante el año pasado recogidos en la Memoria de 2015, el fiscal jefe reclama al menos ocho plazas más de fiscales, así como personal de apoyo para el mismo (funcionarios). Además insta a que la futura oficina fiscal un nuevo modelo de organización que se pretende implantar para las fiscalías incorpore unidades de investigación de la policía judicial, así como funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Intervención del Estado, entre otros.

Carencia histórica

Recuerda que se trata de una «carencia histórica» que se hace todavía más patente cuando se trata de investigaciones complejas de las que Málaga cuenta con una buena colección, como el caso Malaya; el de Astapa sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona; el Nilo, la estafa masiva de la lotería nigeriana; el Ballena Blanca sobre blanqueo de capitales, entre otros procedimientos que han tenido a Marbella como epicentro de la actividad delictiva.

Actualmente el Ministerio Público cuenta con 83 fiscales para dar cobertura a todas las causas judiciales de la provincia de Málaga. Con esos «escasos» recursos humanos se debe hacer frente, según el fiscal jefe, a las diversas modalidades de la delincuencia organizada, incluida la de carácter transnacional, que se asientan en la Costa del Sol, además de los casos de corrupción administrativa que han azotado especialmente a la provincia de Málaga.

En el caso de Marbella, la ciudad más castigada por casos de delincuencia particularmente complejos, con una población censada de 130.000 habitantes que se triplica en la época estival, y Estepona y Ronda, que suman en conjunto una población de derecho de más de 200.000 habitantes, los escuetos recursos de la Fiscalía en esta zona de la Costa del Sol se limitan a 17 fiscales, por lo que se reclama, al menos, dos más para poder soportar la carga de trabajo de una manera razonable.

En el caso concreto de Marbella la carga de trabajo se ve agravada por la precariedad en medios humanos y materiales de los juzgados, lo que ha sido objeto en más de una ocasión de las quejas de la propia Fiscalía, pero también de sindicatos, ayuntamiento, jueces, abogados y hasta empresarios. Todos ellos decidieron crear hace un par de años una plataforma para exigir a la Administración regional una mayor dotación de personal, pero también unas instalaciones dignas en las que acometer su trabajo. La iniciativa, bautizada como Pro Centro Judicial de la Costa del Sol Occidental, convirtió en objetivo prioritario instar a la construcción de un palacio o ciudad de la Justicia, a la vez que un mayornúmero de juzgados y profesionales.

El fiscal jefe también critica en su informe el retraso en la puesta en marcha y las carencias que presenta la futura oficina fiscal, un nuevo modelo de organización de la Fiscalía cuyo reglamento fue aprobado por la Junta de Andalucía en 2014. López Caballero se queja de que no se incorporen a esta oficina unidades de investigación de policía judicial, así como funcionarios de otros cuerpos del Estado, por ejemplo de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado, para luchar contra la criminalidad organizada más compleja. Reconoce, no obstante, que la incorporación de estos expertos plantea problemas en el plano normativo, pero para salvarlos propone que se ponga en marcha «de forma experimental» en Málaga por la vía de convenios de colaboración. Esta unidades de investigación prestarían apoyo a las delegaciones especiales de la Fiscalía Anticorrupción y Antidroga y a otras secciones especializadas y atenderían los requerimientos de los fiscales de las áreas territoriales en la Costa del Sol que lo precisasen.