Cientos de afectados por una estafa llevan doce años esperando el juicio

La supuesta estafa, cometida entre 1998 y 1999, consistía en hacer creer a los afectados que eran propietarios de semanas de multipropiedad que existían potenciales compradores para las mismas, que la demanda de estos paquetes vacacionales era muy grande y que había muchas personas interesadas en adquirirlas. Sin embargo, para facilitar la reventa, los acusados, que actuaban a través de un entramado de empresas ubicadas en Málaga y Melilla, les convencían para que agregaran a su semana otras cuatro más con la excusa de que era lo que querían los supuestos compradores.

Los afectados, creyendo que se trataba de un puro trámite, accedieron a comprarlas. Para que mordieran el anzuelo, los acusados entregaron a los perjudicados 1.800 euros en metálico para que pudieran pagar las cuotas de un préstamo bancario concertado previamente por los imputados con el BBVApara financiar la compra de las cuatro semanas de multipropiedad, por importe de 18.818 euros. Los procesados se comprometieron a realizar la venta en ocho meses, lo que nunca se produjo. Sin embargo, los afectados se vieron obligados a hacer frente al pago del préstamo personal. El fiscal solicita para los acusados un total de 54 años de cárcel por delito de estafa.

El abogado Marcos Leonoff, que representa a una buena parte de los afectados, explica que desde que se presentó la querella en el juzgado en 2003, el caso ha ido dando bandazos sin que los denunciados hayan sido juzgados ni los afectados resarcidos. A los dos años de ser admitida a trámite la querella, la fiscalía consideró que el caso era competencia de la Audiencia Nacional, al haber afectados en muchos puntos del país, por lo que el juzgado se inhibió. Sin embargo la Audiencia Nacional se declaró no competente y devolvió la pelota al juez de Torremolinos, por lo que tuvo que intervenir el Tribunal Supremo para resolver la cuestión de competencia. En 2008, cinco años después de ser presentada la querella, el alto tribunal adjudicó la causa al juzgado costasoleño. Es decir el proceso volvió a la casilla de salida. Desde entonces, según Leonoff, el proceso judicial fue avanzando con una «pasmosa lentitud», lo que provocó la presentación de una queja por el «grave» retraso en la instrucción ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del letrado. Sin embargo, el CGPJ no vio indicios de responsabilidad disciplinaria en la actuación del juzgado y achacó el retraso a la complejidad de la causa y la multitud de afectados.

Cuando estaba a punto de ser juzgado en la Audiencia Provincial de Málaga, el tribunal apreció que algunos trámites previos no se habían completado por lo que devolvió el caso de nuevo al juzgado para que practicase las diligencias necesarias. Eso fue el año pasado. Han transcurrido ya doce años desde que la querella fue presentada y ni siquiera aún hay fecha para el juicio.