Saltos nocturnos y daños en la piscina de Guaro obligan al Ayuntamiento a tomar medidas de vigilancia

Según ha denunciado el propio consistorio a través de sus redes sociales, personas acceden de forma irregular al recinto cerrado y provocan daños en el mobiliario, como sombrillas rotas, basura dispersa o destrozos menores. Aunque los hechos no han sido considerados graves, han impedido que la piscina pueda abrir con normalidad, al no estar en condiciones óptimas de higiene y seguridad.

«El problema es que se cuelan por la noche, sobre todo grupos de jóvenes, porque con el césped artificial y las sombrillas el entorno resulta cómodo», explica el alcalde de Guaro, José Antonio Carabante, en declaraciones a este medio. «No hablamos de robos, son más bien travesuras, pero eso no quita que tengamos que actuar porque si pasa algo, la responsabilidad es nuestra».

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha anunciado su intención de instalar cámaras de vigilancia en el recinto municipal para disuadir nuevas intrusiones y poder identificar a los infractores en caso de incidente. No obstante, Carabante reconoce que se trata de una medida compleja desde el punto de vista legal: «La tecnología avanza más rápido que la legislación. En municipios pequeños como el nuestro, no siempre es fácil cumplir todos los requisitos legales para el uso de cámaras, sobre todo si no se dispone de una policía local propia plenamente operativa»

El alcalde señala que actualmente la vigilancia municipal se realiza a través de un convenio externo y que se están estudiando fórmulas legales para que, si finalmente se instalan las cámaras, su gestión quede dentro del marco normativo. En este sentido, remarca que el ámbito de vigilancia se limitaría a zonas de titularidad municipal y no a vía pública.

La inversión necesaria, según ha confirmado, sería asumida directamente por el Ayuntamiento, aunque aún se encuentra en fase de estudio. «Tendremos que hacer el procedimiento administrativo correspondiente, ver si se trata de un contrato menor o no, y actuar conforme a lo que nos indique Secretaría e Intervención», detalla Carabante.

La piscina, que suele abrir al público a partir del 1 de julio, requiere varios días de acondicionamiento y controles sanitarios antes de su apertura oficial. Mientras tanto, el Ayuntamiento insiste en que estos accesos irregulares no solo comprometen la seguridad de los usuarios, sino que retrasan los trabajos de puesta a punto.

«El problema es que si alguien salta la valla y sufre un accidente, la responsabilidad es nuestra. No podemos permitirlo, por mucho que entendamos que sean jóvenes buscando pasar el rato», concluye el regidor, que insiste en que el objetivo es que «la piscina esté en condiciones, cumpla con la normativa sanitaria y abra con total garantía para todos».