
Medio centenar de trabajadores municipales tendrán que devolver una cantidad total de 60.500 euros al Ayuntamiento de Cártama. Lo que en su día fue ... una subida salarial para 48 trabajadores del Consistorio, ahora es objeto de investigación de la Oficina Andaluza Antifraude por no aplicar una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la aprobación del presupuesto de 2021, en el cual se recogía una modificación de la plantilla con una subida salarial en concepto de complemento de destino o específico para una parte de los trabajadores municipales cuyas condiciones laborales habían variado.
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«La sentencia llegó en noviembre de 2023 y desde entonces estamos trabajando en ello, la dimos como recibida en Pleno el 26 de diciembre e hicimos las notificaciones correspondientes a cada trabajador, las cuales tuvimos que pausar al solicitarle al TSJA una aclaración de sentencia para ver si cumplíamos correctamente y jurídicamente todos los pasos», cuenta a SUR el edil de Recursos Humanos, Miguel Espinosa.
Cuando el Ayuntamiento recibió dicha sentencia a finales del año pasado, la Oficina Andaluza Antifraude recibió una denuncia anónima sobre estos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que perjudique los intereses públicos o financieros, aludiendo a las subidas del sueldo del secretario y el interventor municipal, según se recoge en la documentación a la que tuvo acceso SUR. Es en esta línea, Espinosa asegura que lo que se traslada en la denuncia «es completamente falso», ya que habla de dos trabajadores, cuando se trata de casi medio centenar.
Respecto al reintegro de las cantidades percibidas indebidamente por los empleados entre marzo y diciembre de 2021, el concejal de Recursos Humanos detalla que las cifras varían dependiendo del puesto del trabajador. «Tras la aclaración de la sentencia, hemos reiniciado el proceso de reintegro del dinero, notificando a los afectados, que han presentado alegaciones», añade Espinosa, quien sostiene que dicha subida no era generalizada, sino por cosas concretas en cada puesto de trabajo, por lo que hay quienes tienen que devolver 500 euros y quienes tienen que devolver hasta 5.000 euros. Actualmente, la ejecución se encuentra en el momento de estudio de las distintas alegaciones.
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Pedro Pardo, el portavoz de la oposición (PP) del equipo de gobierno socialista exigió ayer explicaciones al alcalde Jorge Gallardo, además de pedir el cese del concejal de Recursos Humanos de la localidad, Miguel Espinosa por permitir esta situación. Tal como pudo contrastar SUR, el Consistorio comunicó que ya se ha enviado la documentación requerida a los tribunales, además de haber puesto en marcha el procedimiento administrativo para que los empleados reintegren las cantidades percibidas indebidamente. Sin embargo, ante la investigación abierta por la Oficina Antifraude de Andalucía, el PP registró este viernes una petición de información dirigida al alcalde socialista de por qué no se ha ejecutado aún la sentencia firme del TSJA. «El equipo de Gobierno no se preocupa por los criterios de transparencia, igualdad y eficiencia que deben regir un Ayuntamiento y desde el Partido Popular vamos a estar atentos para garantizar la legalidad y advertir de irregularidades que se cometan», concluyó Pardo.
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