Alhaurín de la Torre logra, a la segunda, atraer inversiones para construir VPO en un suelo municipal

Fuentes municipales explican que se trata de un inversor local, una propuesta de una promotora que, actualmente, está en la fase de juicio de valoración, como paso previo a la solicitud de toda la documentación necesaria, llegado el caso.

Este procedimiento, todavía en curso, es la secuela del abierto en el primer trimestre del año, cuando el Ayuntamiento cerró, sin éxito, el procedimiento de enajenación a coste 0 de una parcela valorada en unos 600.000 euros y contemplado para edificar VPO. Son 2.109,83 metros cuadrados, con casi el doble de techo que, una vez que pasen a manos privadas, si prospera la oferta recibida, sí reportarán ingresos a las arcas municipales, aunque el precio establecido no suponga beneficio alguno, ya que, aclaran fuentes municipales, la tasación fijada es la mínima posible.

La primera licitación se abrió el 4 de febrero y pudieron presentarse ofertas hasta mediados de marzo, pero, en este periodo, tan solo se interesaron, sin llegar a concurrir en el procedimiento, tres empresas.

Con el nuevo intento, el equipo de Gobierno procuró hacer más atractiva la oferta. Para ello, se modificó el régimen del contrato para posibilitar viviendas protegidas, tanto de venta como en régimen de arrendamiento. Aunque el número total se determinará ya en la fase de elaboración del proyecto arquitectónico, se estima que serán unos 40 inmuebles lo que podrán edificarse. Estarán sujetos al régimen público recogido en el Decreto 91/2020 de 30 de junio por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030, por lo que y podrán ser protegidas de régimen general y también especial.

En busca de animar a empresas, como consta en la memoria justificativa del expediente, también se añadió una cláusula que estable que, llegado el momento, la promoción «podrá acoger a lo dispuesto en el Decreto 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda pues es intención municipal, si así se solicita, adoptar un acuerdo municipal plenario, para que sean de aplicación las medidas contenidas en el citado Decreto Ley, y en concreto, lo referente a lo dispuesto en el articulo 2.4, donde se prevé poder aumentar la edificabilidad de la parcela un 10%».

Esta operación tiene como objetivo, según anuncia el Ayuntamiento, «atender la demanda de los sectores de la población con menor poder adquisitivo o mayores necesidades» como consecuencia de diversos factores como «el encarecimiento del suelo, la falta de actividad edificatoria y el aumento del precio del alquiler».

La parcela en cuestión se encuentra urbanizada, tiene la condición urbanística de solar y, por tanto, está dispuesta para la edificación. El uso de las viviendas será única y exclusivamente residencial de alojamiento y destinado a vivienda de protección pública. Los garajes y trasteros, en su caso, tendrán la consideración de anejos inseparables a las viviendas.

A la hora de adjudicar el contrato, deja claro el Gobierno municipal, se valorará especialmente, además de la oferta económica, el menor precio de venta, el número total y su consideración como de régimen especial o general, además del número de las mismas que se destine a alquiler. También se puntuará la propuesta arquitectónica desde el punto de vista urbanístico, habitacional, social y comunitario.

Sobre los motivos de que no fuera interesante esta convocatoria en los términos planteados originalmente, aunque sin entrar en el caso de Alhaurín de la Torre, la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga puso como ejemplo lo ocurrido en otra promoción de similares características, en la capital, donde, a pesar de que había ayudas europeas para incentivar a los constructores, de 50.000 euros por vivienda, solo hubo dos licitadores.

Y es que, el sector privado quiere garantías de recuperar la inversión, que es muy elevada, por lo que, en términos generales, las promotoras, incluso las que se han especializado en este tipo de viviendas, buscan, por un lado, el mayor volumen posible de viviendas, para rentabilizar costes, y, por otro, ubicaciones muy atractivas, que garanticen la ocupación de una forma que sea rápida y constante, como apuntaron desde la patronal.