Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Se trata de una nueva exigencia derivada de real decreto aprobado hace algo más de un año por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, un paso más en el camino para mejorar las condiciones laborales de este colectivo –claramente feminizado y precarizado– y lograr su equiparación con el resto de trabajadores del Régimen General.

Tras aprobarse esta norma en septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo puso en marcha el pasado mes de mayo una plataforma gratuita para facilitar a los empleadores llevar a cabo esta evaluación y el Ministerio de Trabajo les dio un plazo de seis meses para elaborarlo. Pero este viernes termina el periodo de gracia y todas las familias con empleada del hogar deberán haber realizado dicha evaluación y haber implementado, en el caso de ser necesarias, las medidas preventivas aconsejadas para eliminar o reducir los riesgos detectados.

Para ello, lo primero que deberán hacer es entrar en la plataforma de acceso libre y gratuito www.prevencion10.es y, una vez introducidos los datos del empleador y la empleada o empleadas, contestar a un cuestionario de evaluación inicial de riesgos que incluye preguntas relacionadas con las características del hogar (si tiene escaleras, mascotas, tipo de instalación eléctrica, etc.) y de las tareas que realiza la trabajadora (si son labores de limpieza, de plancha, de cocina, de cuidado de menores o personas mayores o dependientes...). La propia herramienta sugiere medidas de mejoras y posibles soluciones si detecta algún tipo de riesgo, que los hogares tendrán que implantar.

Tras esta evaluación, se descarga un documento denominado 'Plan de prevención de riesgos laborales' que deben firmar tanto el empleador como la empleada y estar disponible por si la Inspección de Trabajo lo requiere. El portal incluye, además, una sección de recursos específicos dedicada al servicio de las familias, con materiales explicativos sobre prevención de riesgos laborales adaptados para este colectivo. Además, si los hogares tienen cualquier duda o dificultad, disponen de un servicio de atención telefónica gratuito (913 63 43 00), disponible de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Así, desde este viernes incumplir con esta nueva obligación puede conllevar sanciones que oscilan entre los 2.451 euros hasta los 9.830 euros, e incluso pueden elevarse a una horquilla de entre 24.000 y 49.000 euros si hay agravantes, según advierten desde el Ministerio de Trabajo.

Cabe recordar, tal y como señalan los sindicatos, que aún faltan aspectos importantes por desarrollar de esta ley, como el derecho de las trabajadoras a realizarse un reconocimiento médico al menos una vez cada tres años de forma gratuita, medida pendiente de regular por parte del Gobierno, así como la puesta en marcha del protocolo de actuación contra la violencia y acoso.

Pese a que desde el departamento comandado por Yolanda Díaz recalcan que con esta medida no se generan cargas económicas ni burocráticas a las personas empleadoras, no cabe duda de que se trata de otra obligación más que tienen que asumir las familias –o en muchos casos pensionistas– y que puede suponer otro palo en la rueda de un colectivo que está en los niveles más bajos de la última década.

De hecho, desde 2015 el número de empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social se ha desplomado más de un 20% hasta reducirse por debajo de las 350.000, 86.650 menos, ya que las sucesivas subidas de cotizaciones y la escalada de más del 60% del salario mínimo en apenas seis años ha disparado el coste por tener una empleada del hogar.