El Gobierno lanza una batería de medidas para combatir las estafas telefónicas y por SMS

Ante el incremento de este tipo de estafas, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado la puesta en marcha de una batería de medidas para combatirlas con el objetivo de «aumentar la protección de los consumidores y de las empresas».

Según asegura el Ejecutivo, algunos países europeos, como Finlandia, han desarrollado planes similares y han reducido los timos de suplantación de identidad telefónica en casi un 90%.

Prohibición de la numeración móvil para la realización de llamadas comerciales, de forma que la ciudadanía «pueda detectar que es un fraude si reciben una llamada desde una numeración de este tipo».

Utilización de números 800 y 900. Se permitirá a las entidades el uso de números 800 y 900 para la realización de llamadas comerciales, de forma que si un usuario tiene un número 800 o 900 guardado en su agenda como el servicio de atención de una empresa de la que es cliente, le aparezca como tal cuando esta le llame para realizar una oferta comercial,.

Bloqueo de llamadas. Los operadores podrán bloquear las llamadas que utilizan números que no hayan sido atribuidos a ningún servicio, asignados a ningún operador o adjudicados a ningún cliente.

Numeración nacional con origen internacional. Los operadores también podrán bloquear las llamadas y los SMS de numeración nacional con origen internacional, «uno de los focos de fraude más habitual», como destaca el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Base de datos. Se creará una base de datos -que gestionará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)- con los usuarios que utilizan alfanuméricos en sus mensajes (por ejemplo, el nombre de la compañía). «Aquellos mensajes procedentes de entidades no incluidas en esta base de datos quedarán bloqueados», explica el ministerio.

Desde el Gobierno, subrayan que las estafas de suplantación de identidad suelen comenzar con una llamada o un mensaje de texto SMS en los que el emisor suplanta la identidad de una organización de confianza con la intención de que el consumidor le proporcione información personal o financiera, facilite sus claves personales o realice alguna acción fraudulenta.

Este tipo de fraude no solo afecta a los usuarios sino también a las empresas y organismos que hacen uso de llamadas y mensajes de texto legítimamente «ya que hacen disminuir la confianza de la ciudadanía en la fiabilidad y seguridad del contenido transmitido a través de las comunicaciones electrónicas», apunta Transformación Digital.

El Ejecutivo ya ha iniciado el trámite de audiencia pública de una orden ministerial que incluye las modificaciones normativas necesarias para poner en marcha el plan.