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La ropa de segunda mano y los productos reacondicionados ya no son una 'rara avis'. Detrás de este auge, además de precios más asequibles, se encuentra una preocupación creciente por el medio ambiente y un intento por reducir los residuos. Este mismo objetivo es el que ha impulsado la aprobación, este 23 de abril por parte del Parlamento Europeo, de la nueva Directiva sobre «Derecho a reparar».
Como apunta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la idea central de la normativa es incentivar la reparación por encima de la sustitución del producto. Por ello, una de las novedades es que se ampliará en doce meses la garantía, estipulada en tres años, a aquellos consumidores que se decanten por la primera opción cuando sea posible. No obstante, la directiva va más allá y contempla la obligación del fabricante de facilitar la reparación de los productos incluso después de que expire la garantía.
Pero, vamos a desgranar los entresijos de esta directiva que aún tardará un poco en aplicarse en España ya que hay un plazo de 24 meses para trasponerla al derecho español, a contar desde el momento en que el Consejo le dé su aprobación. Previsiblemente, se incorporará en la futura Ley de Consumo Sostenible, en la que ya trabaja el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Lavadoras, secadoras y lavadoras-secadoras.
Lavavajillas, frigoríficos y aspiradoras.
Pantallas electrónicas y tablets.
Teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos
Servidores y productos de almacenamiento de datos.
Productos que incorporan baterías de medios de transporte ligeros.
Equipos de soldadura.
La directiva europea establece que, una vez que se acaba la garantía de tres años de los productos señalados anteriormente, el fabricante tiene obligación de:
- Repararlo gratuitamente o a un precio razonable, en un tiempo también razonable.
- Debe facilitar información gratuita y de fácil acceso sobre los precios de las reparaciones.
- No podrá negarse a reparar los productos porque hayan sido reparados antes por otros técnicos o personas.
Además, los fabricantes deben ofrecer piezas de repuesto y herramientas a un precio razonable y admitir, en su caso, el uso de piezas de recambio de segunda mano o impresas en 3D por parte de reparadores independientes.
Solo se podrán negar a la reparación si el fabricante considera que resulta «imposible», como detalla la OCU. En este caso, podría ofrecer al cliente un producto reacondicionado, si este acepta que su negativa al arreglo está justificada.
Junto al de reducir los costes de reparación para los consumidores, la normativa también busca revitalizar este mercado. Los fabricantes tendrán que poner a disposición de los clientes piezas de recambio y herramientas a un precio razonable y tendrán prohibido recurrir a cláusulas contractuales y a técnicas relacionadas con los equipos o los programas informáticos que impidan la reparación de bienes. Como se ha señalado anteriormente, no podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes, ni negarse a reparar un producto únicamente por razones económicas o porque anteriormente fue reparado por terceros.
En este sentido, y con el fin de que las reparaciones sean más asequibles, cada Estado miembro de la UE tendrá que aplicar al menos una medida para promover la reparación, como vales y fondos de reparación, llevar a cabo campañas de información, ofrecer cursos de reparación o apoyar espacios de reparación comunitarios.
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