El Gobierno suspende las reglas fiscales y desbloquea el ahorro de los ayuntamientos

La decisión, que también es aplicable a las comunidades autónomas, permite desbloquear todo el remanente acumulado por los ayuntamientos, que en la provincia de Málaga supera los 500 millones de euros. Mijas, con 120 millones, es el que podrá disponer de más fondos.

La medida va más allá de la anunciada dos semanas atrás, cuando se adelantó que se permitiría a las entidades locales disponer del superávit de los ejercicios 2018 y 2019, ya que afecta a todo el superávit acumulado. Los ayuntamientos no se verán obligados a prestar estos fondos a la Administración General del Estado, como estaba previsto en el decreto ley derogado por el Congreso el pasado 10 de septiembre.

La mayor parte de los ayuntamientos han celebrado esta decisión, aunque los encabezados por alcaldes del PP han lamentado que haya sido necesario que el Gobierno sufriera una derrota parlamentaria para que la ministra de Hacienda se aviniera a tomarla. Los alcaldes y presidentes de Diputación del Partido Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aseguraron en un comunicado que «el viraje del Gobierno demuestra que había un plan B», en referencia a las declaraciones formuladas por Montero cuando el Congreso tumbó el decreto que obligaba a los ayuntamientos a prestar sus fondos a la Administración General del Estado y aseguró que no había alternativa.

El alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP, José María García Urbano, dijo que la medida, aunque insuficiente, es la que venían reclamando los ayuntamientos, pero lamentó el tiempo perdido al no haberse tomado antes.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, la celebró como «una nueva victoria del municipalismo frente a las tentativas totalitarias de la ministra de Hacienda».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que se trata de una medida sin precedentes cuyo objetivo es que tanto los gobiernos autonómicos como los municipales cuenten con recursos e impulsen medidas de estímulo económico «para no dejar a nadie atrás».

La suspensión en la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto en esos ejercicios. Según explicó la ministra, la decisión va en línea con las acciones adoptadas a nivel europeo y tiene como objetivo dar a las administraciones públicas todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y las empresas.

No obstante, aunque quedan suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020 y los fijados para el período 2021-2023, «existirán unos niveles de déficit de referencia que servirán para permitir el funcionamiento presupuestario ordinario de ambos ejercicios».

La ministra apuntó que el acuerdo pretende combatir las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo y protección destinadas a las empresas y los hogares, promover el crecimiento, sentar las bases de la recuperación económica y social «y diseñar un marco de colaboración y entendimiento entre las administraciones para salir de la crisis».

Así, la suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados por comunidades autónomas y ayuntamientos para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados.

La medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda quedará en suspenso en estos años. Asimismo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles.