¿Es solidario eliminar el impuesto de patrimonio?

Desde el punto de vista de la normativa estatal, sin duda, van ganando los primeros: la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 contiene una subida del impuesto para los contribuyentes del tramo más alto de la escala. Desechado por ahora el anunciado impuesto sobre las grandes fortunas, ésta era la única manera de acercarse al cumplimiento de una promesa electoral.

Si nos fijamos en la aportación de este impuesto a la recaudación, los datos dicen que aporta a las arcas de las Comunidades Autónomas algo más de 1.100 millones de euros. Como es sabido, se trata de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas en el que éstas tienen competencias normativas tan amplias que pueden de facto desactivarlo. Eso ha ocurrido con Madrid, que tiene establecida una bonificación del 100% de la cuota, de modo que en la práctica no se aplica en esa Comunidad Autónoma. De no existir esa bonificación, se estima que la recaudación sería de 900 millones de euros adicionales. En Andalucía se recaudan poco más de 90 millones de euros, lo que supone, aproximadamente, un 0,5% del montante global de ingresos de naturaleza tributaria.

Las competencias normativas que tienen las Comunidades Autónomas pueden incentivar a los ciudadanos a 'votar con los pies', es decir, a cambiar su residencia en función del 'paquete fiscal' que se ofrece en cada territorio. Pero no es cuestión de entrar ahora en el debate de la competencia que se origina entre distintas Comunidades Autónomas. Debemos elevar el punto de vista y analizar la situación desde un punto de vista nacional.

Pues bien, tenemos un vecino, Portugal, muy cercano geográficamente y con un nivel y calidad de vida cercanos a los que ofrece España. Tenemos la competencia muy cerca y, tanto nacionales como extranjeros están incentivados a trasladar su residencia a un territorio que no grave con un impuesto su patrimonio mundial. Se trata de un perfil de contribuyente no solo con un elevado patrimonio, sino, normalmente, con un nivel de renta también superior a la media. Hacer atractiva a este contribuyente la residencia en España supone atraer también a un contribuyente por IRPF a nuestra jurisdicción. Es previsible que la recaudación adicional que pueda generar en IRPF ese contribuyente compensaría con creces la pérdida de la recaudación en Patrimonio. Y eso sin contar con el consumo de estos contribuyentes y sus consiguientes impuestos directos e indirectos generados para las arcas nacionales. Este efecto sería especialmente acusado en Andalucía, puesto que estos contribuyentes fijarían su residencia preferentemente en la Costa del Sol.

El debate sobre las competencias fiscales de las Comunidades Autónomas puede tener su interés. Pero en el campo del Impuesto sobre el Patrimonio, sinceramente, no creemos que la solución pase por establecer una imposición mínima armonizada, sino simplemente su eliminación: No en vano ésa es la situación en prácticamente todos los países europeos. Probablemente sea lo más solidario con los contribuyentes que necesitan más recursos públicos, porque las administraciones dispondrían de más recursos para ayudarles.

No es fácil asumir el coste político de eliminar un impuesto sobre quienes tienen un patrimonio elevado, pero en materia fiscal no es eso lo que debe primar, sino la eficacia y la racionalidad. Y sin duda es beneficioso hacer atractiva a contribuyentes de este perfil la residencia fiscal en España. Y eso sin hablar del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del que ya tendremos ocasión de ocuparnos.