El choque con Bruselas pone en jaque el plan del Gobierno para torpedear la opa de BBVA

Impacto en el empleo, en la inclusión financiera y en la cohesión territorial. Son tres de los ejes que marcarán la decisión del Consejo de Ministros de imponer –o no– nuevos requisitos a la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, al margen de los establecidos ya por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La posibilidad de que el Ejecutivo obligue a la entidad a no acometer despidos o a no cerrar sucursales –ante el riesgo de exclusión en determinadas regiones– ha estado siempre sobre la mesa. Sin embargo, fuentes conocedoras señalan que esa condición podría ser asumida, aunque con reticencias, por parte de BBVA, ante la expectativa de que se limite a un periodo determinado que no impactaría de forma extrema en las sinergias esperadas a largo plazo. «En nuestro escenario base esperamos la aprobación del Gobierno con condiciones adicionales, pero no estructurales que obliguen a BBVA a retirarse», indican los analistas de Renta 4 Banco.

Esa idea se ha reforzado después del toque de atención enviado a Moncloa desde Bruselas, que esta semana ha mostrado sus reticencias a la decisión del Ministerio de Economía de elevar la operación al Consejo de Ministros, incluso después de que la misma haya recibido el visto bueno de Competencia y la no oposición del Banco Central Europeo (BCE). «No tenemos conocimiento de ninguna razón que pueda justificar el rechazo o el bloqueo de la operación, por lo que esperamos que el Gobierno español se ajuste a las decisiones de las autoridades competentes», apuntaban esta semana fuentes de la Comisión Europea a este periódico.

Ese es el ánimo que también se percibe en el seno de la entidad vasca, donde una de las grandes preocupaciones es el peso político que ha adquirido la operación en los últimos tiempos y que fuentes del mercado señalan, precisamente, como el principal riesgo para que la posterior fusión salga adelante. «Al final es Pedro Sánchez el que va a decidir si hay o no fusión. Y todo va a depender mucho de los pactos a los que pueda llegar con Junts», apunta un alto directivo financiero, que recuerda que el partido catalán también es contrario a la unión de los dos bancos, a pesar de que su representante en Competencia votó a favor de la oferta de BBVA. En todo caso, el consenso coincide con que la irrupción de Bruselas –y la amenaza de un expediente sancionador si el Gobierno se excede en sus funciones– obliga al Ejecutivo, al menos, a medir mucho sus pasos.

Fuentes consultadas señalan que si las condiciones que el Consejo de Ministros debe hacer públicas en un plazo de 30 días naturales se centran en el ámbito del empleo y la inclusión financiera, BBVA las asumirá «sin problema». Recuerdan además que los procesos de reestructuración se han hecho siempre con acuerdo con los sindicatos y, por norma general, sin ser demasiado traumáticos. Sin ir más lejos, más de 2.800 trabajadores de BBVA y de Banco Sabadell que solicitaron abandonar estas entidades en sus últimos ERE, en 2021, acabaron por no hacerlo al superar las salidas ofrecidas por ambas entidades, según datos recopilados por Efe.

El ajuste de personal es una de las grandes preocupaciones que Gobierno y sindicatos han manifestado para justificar su oposición a la unión de los dos bancos. Pero el propio Carlos Torres ya ha asegurado que las cifras que han llegado a manejarse, de entre 7.000 y 10.000 trabajadores afectados, están «fuera de la realidad». En todo caso, las condiciones que pueda imponer el Gobierno en este sentido, aunque sean asumibles, impactarán en el cálculo inicial de sinergias, estimadas en 850 millones brutos al año, de los que 450 millones corresponderían a costes de administración y tecnología, 100 a ahorros financieros y 300 a gastos de personal que el propio Ministerio de Trabajo cifra en 4.000 afectados.

El mercado descuenta que, tras recalcular con todas las nuevas imposiciones, BBVA podría alcanzar entre el 65% y el 70% de los ahorros de costes totales previstos, incluso si finalmente se produce una opa sin fusión. La entidad vasca maneja desde el inicio de la operación esta posibilidad. Y aunque no es su escenario central, ya trabaja para incluir esos cálculos en el folleto que debe aprobar la CNMV antes de abrir el periodo de aceptación, para que los accionistas decidan con toda la información sobre la mesa, conscientes de que incluso si la presión del Gobierno obliga a mantener a Sabadell como una filial, la integración total podría abordarse en un momento posterior. «En cualquier caso, la probabilidad de éxito de la opa es reducida si BBVA no mejora la ecuación de canje», apunta el departamento de análisis de Bankinter en un análisis reciente.