La rehabilitación municipal de La Invisible entra en punto muerto

Desde la Gerencia de Urbanismo, responsable de la reforma de este edificio de propiedad municipal a través del Instituto de la Vivienda (IMV), aseguran que La Invisible no permite el acceso a la Casa de la empresa adjudicataria para «ver las patologías y comprobar si los informes previos que tienen se corresponden con la realidad». «No podemos avanzar en la propuesta técnica porque hay falta de colaboración total por parte de Casa Invisible», señalan. Y añaden: «Les hemos comunicado que solo queremos que la empresa entre para terminar el proyecto y que después nos sentaremos con ellos a dialogar lo que haga falta, con transparencia pública». Una versión que niegan rotundamente quienes 'habitan' este espacio.

Desde la Casa Invisible explican que en marzo recibieron una primera notificación en la que el IMV solicitaba un contacto para realizar la visita técnica. Se les facilitó entonces el teléfono del arquitecto Eduardo Serrano, muy implicado en la vida de la Invisible y en sus reformas. «Lo único que les pedimos entonces fue tener una reunión previa entre la empresa y el equipo técnico de la Casa de cara a saber qué tipo de intervención querían hacer en el inmueble», señalan fuentes de la Invisible. Argumentan que necesitan estar informados por si las catas o estudios «interfieren» en las actividades que se realizan en la Casa, y hay que reorganizarlas. Porque, aunque hace años que tienen prohibido celebrar actos de concurrencia pública, sus estancias siguen siendo punto de encuentro para asociaciones y diversos colectivos sociales y ciudadanos.

En esa cita que solicitan con la empresa adjudicataria, además, quieren ofrecer su colaboración y su conocimiento de casi veinte años en el edificio, compartiendo los informes que ellos ya han elaborado y el proyecto de rehabilitación -no invasivo y por fases- firmado por José Manuel López Osorio.

Indican que desde el Instituto Municipal de la Vivienda se mostraron abiertos a esa cita previa y que incluso se plantearon fechas que, finalmente, nunca se llegaron a concretar por parte de la gerencia. La relación por teléfono, no obstante, «siempre fue fluida», hasta que hace un par de semanas recibieron el aviso de una nueva notificación en la que solicitaban el acceso a la Casa directamente, «obviando todas las conversaciones anteriores». Ese escrito, que Eduardo Serrano recogió a mediados de septiembre, tuvo varios intentos de notificación durante el mes de agosto, cuando la Casa está prácticamente vacía. En una respuesta registrada en el Ayuntamiento el pasado viernes, el arquitecto del equipo técnico de la Invisible manifiesta su «sorpresa» ante ese cambio de actitud, insiste en su «total disposición y colaboración» y reitera la necesidad de una «reunión previa a la visita».

Ambas partes coinciden en la importancia de rehabilitar los dos edificios que integran el conjunto de la Casa Invisible (los números 9 y 11 de calle Nosquera con acceso también por la calle Andrés Pérez), una construcción del XIX atribuida a Jerónimo Cuervo con un nivel de protección arquitectónica Grado II. Las reformas que los miembros del colectivo han ido haciendo con los años no evitan el deterioro de un inmueble centenario que exige una buena puesta a punto y un ajuste a la normativa actual en cuestiones técnicas y de accesibilidad. Pero hasta ahí las coincidencias.

Sin un acuerdo entre la Fundación de los Comunes -la que representa a la Casa Invisible- y el Ayuntamiento, el desalojo se perfila como la única vía para acometer la rehabilitación planteada en solitario por el Consistorio. El alcalde Francisco de la Torre confirmó el pasado lunes, en una entrevista en Canal Málaga, su intención de «recuperar la propiedad» del edificio, porque además cuentan con una sentencia a favor para hacerlo. «No puede haber una ocupación por más que tenga la bandera del tema cultural», indicó.

La solicitud de la orden judicial para entrar en el inmueble está pendiente de la resolución de un recurso presentado por La Invisible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por «errores y omisiones» en ese fallo de 2024 que denegaba la cesión de los edificios y respaldaba el acuerdo de desalojo adoptado el 16 de febrero de 2018 por la Junta de Gobierno Local, ratificado por la misma vía en 2021. «Mientras el recurso esté así, se prefiere esperar para entrar y hacer el proceso de rehabilitación que queremos hacer», declaró De la Torre.