«España e Irlanda tenían una moral sexual muy rígida que recaía sobre la mujer»

Durante toda la historia de la humanidad, las mujeres se han encontrado en situación de opresión por parte de la sociedad. El sexo femenino ha cargado con toda la responsabilidad moral sexual debido a un sistema que se rige por una política sexual patriarcal que sigue vigente a día de hoy. Y gran parte de esa carga la ha impuesto la religión, sea cual sea, que se ha encargado de recluir, corregir o acabar con las mujeres que no se ceñían a la moral impuesta.

Durante el siglo XX, en España y en Irlanda existieron centros en los que se llevaron a cabo estas acciones de corrección y violencia de mano de la iglesia católica, que actuó con el total apoyo del gobierno. En el primer caso con un acuerdo tácito y en el segundo solo de forma explícita. Y cientos de jóvenes fueron institucionalizadas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer y las Lavanderías irlandesas, en los que las mujeres sufrieron grandes abusos, tortura y trabajos forzosos.

Los motivos por los que estas mujeres, casi niñas, llegaban a estos centros eran algunos como ser violada por sus padres u otro familiar, por un sacerdote o por un empleador si estaban trabajando. «Jamás se investigaba la responsabilidad del hombre que había ejercido esa violencia sexual», comentó la doctora en Filología Inglesa e investigadora independiente Pilar Iglesias.

«La mujer solo podía estar en el grupo de las buenas o de las malas. Y si se había roto la 'santa virginidad' pertenecían al grupo de las malas, aunque esto hubiera ocurrido por la violencia de un varón ejercida sobre ella, pero ya estaban marcadas. La injusticia es abrumadora, podía entrar porque fuera díscola, en algunos casos porque era excesivamente guapa y podía ser una tentación para los hombres», continuó Iglesias.

Esa situación de violencia que sufrieron las mujeres en ambos países es el objeto de estudio de la doctora en Filología Inglesa y antigua profesora de Secundaria Pilar Iglesias Aparicio en su trabajo 'Las lavanderías de La Magdalena de Irlanda y los centros del Patronato de Protección a la Mujer de España: ejemplos de política sexual de represión y punición de las mujeres', el cual ha ganado el Premio Kate O'Brien del Aula María Zambrano. Un proyecto que ha sido calificado como muy exhaustivo y que arroja luz sobre un fenómeno sociocultural que ha sido ocultado durante muchos años.

Esos centros que han sido estudiados por Iglesias tienen orígenes y situaciones distintas, pero ambos cumplían con una función clara, la reclusión de mujeres que no pudieran o no quisieran seguir las normas que tanto la iglesia como la sociedad les imponían. «España e Irlanda tenían una moral sexual muy rígida que recaía sobre la mujer», detalló.

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En el caso español, el Real Patronato se creó a principios del siglo XX con un enfoque abolicionista en contra de la prostitución y no era punitivo para las mujeres. «El enfoque era distinto, pero era un poquito carca. De hecho, Margarita Nelken y Clara Campoamor criticaron el enfoque católico, restrictivo y moralista que tenía. Con la II República, pasó a ser como un Patronato de protección a menores, pero la guerra y el franquismo truncaron esto totalmente. Y en 1941 se creó el Patronato de Protección a la Mujer, en singular, porque somos singulares, somos una y todas iguales. Y este ya tiene una vinculación absoluta y radical entre el Gobierno franquista y la Iglesia católica», explicó Iglesias.

En Irlanda la iglesia y el gobierno no estaban tan estrechamente ligados. Sin embargo, el catolicismo se había convertido en un elemento de identidad del pueblo tras su independencia de Reino Unido y de la gran hambruna que se vivió durante la Crisis de la Patata a mediados del siglo XVIII. Y, en ese momento, los centros filantrópicos para recoger a mujeres y niñas en riesgo de ser prostituidas que habían existido desde el siglo XIII en Gran Bretaña comenzaron a desaparecer en Reino Unido, pero aumentaron en Irlanda. Y estos cayeron en las manos de la religión católica, la cual había sido el mayor apoyo en la creación del nuevo Gobierno irlandés.

«La iglesia fortalece mucho más esa identificación, no es un problema religioso, es un problema de dónde me agarro para poder mantener una cierta identidad. Pues me voy a acercar a esa religión que no es la del dominador y aquel grupo que me protege, aunque vaya a ser con un coste», indicó la investigadora.

La Iglesia y el Gobierno mantuvieron una estrecha relación. A pesar de que se clasificara como estado laico, se creó un marco de moral social que repercutió en las leyes y que estaba basado en una visión católica muy rígida. Se llegaron a formar leyes acerca de cosas como las lecturas perversas que no estaban permitidas para la sociedad. Y bajo ese yugo, uno de los grupos sociales que más sufrió fue el de las mujeres.La Iglesia asumió la acogida de las personas que habían quedado marcadas, que la organización social dejaba en los márgenes. Pero no se dio un tratamiento de inclusión o liberación, sino de represión y punición.

«La Iglesia católica, en concreto, las mujeres de la iglesia le hacían el trabajo sucio al Gobierno. Las monjas, al igual que las muchachas que se encontraban en las Lavanderías, 'lavaban' la sociedad. Los centros recibían ayudas estatales, pero fundamentalmente se mantuvieron con el trabajo esclavo de las mujeres», espetó Pilar Iglesias. Existía toda una estructura formada por sacerdotes, obispos y un sistema político que formaba una construcción patriarcal que se beneficiaba de la existencia de los centros. Concretamente, el Gobierno en ambos países se benefició económicamente del trabajo realizado en estos lugares.

A estas chicas se las llevaba la policía sin ni siquiera saber donde iban, en ocasiones, incluso con los ojos vendados para que no supieran donde se encontraban exactamente. Esta detención policial podía ser por muchos motivos como los ya mencionados o por una simple rebeldía religiosa, en España uno de los motivos podía ser que no quería ir a misa. De hecho, la Falange creó la figura de las celadoras, mujeres que tenían la misión de vigilar el comportamiento impropio de las chicas, como bailar excesivamente agarrada, darse un beso con un chico o simplemente, no ir vestida como parecía correcto.

«En muchos casos, cuando las jóvenes se quedaban embarazadas, aunque hubiese sido tras una agresión sexual, la propia familia se deshacía de ella. Siendo las madres las que tomaban esta decisión. Eso pasaba porque las mujeres solo tenían que ser esposas y madres, y son esas madres las que tienen que cuidar la honra de la hija. Entonces, son ellas las que, por el bien de la familia, las enviaban a estos lugares», planteó Pilar Iglesias.

A las lavanderías también podían llegar desde las escuelas industriales, que eran centros de formación profesional para niños. Ahí estaban las hijas de las mujeres que habían estado embarazadas en las lavanderías y no habían sido entregadas a familias, sino a un orfelinato del cual pasaban a estas escuelas y de ahí, de nuevo, a la Lavandería. Por lo tanto, esas niñas pasaron toda su vida institucionalizadas y privadas de libertad.

Una vez allí, había una pérdida total de la identidad. En las lavanderías se les cortaba el pelo y se les quitaba la ropa que era sustituida por un uniforme muy monstruoso y de una tela áspera, eliminando así cualquier seña de belleza o feminidad.

Cuando se encontraban ingresadas en los centros, pasaban a estar institucionalizadas por completo. Realizaban trabajos sin remunerar o escasamente remunerado del que se beneficiaba la Iglesia, el Gobierno y, en algunos casos, la sociedad en general. Las lavanderías eran un negocio, las usaba el propio Gobierno irlandés que llevaba la ropa del ejército, también las usaban hoteles y familias adineradas, y la Iglesia cobraba esa ropa.

«En las lavanderías el trabajo era extremadamente violento, porque era lavar a mano con diferentes productos. De hecho, existen testimonios en los que recuerdan cómo tenían alergias y las manos les sangraban, pero tenían que seguir lavando», relató la investigadora.

En España el trabajo fue mucho menos violento, pero también forzoso. En este caso, hacían labores de costura realizando ropa de tipo religioso, ropa para comercios, pañuelos bordados y otros tipos de prendas.

También se abusaba de las embarazadas, a las que, la mayoría de casos, se les obligaba a firmar la entrega de la criatura. «Hay situaciones en las que consientes, consientes a cualquier cosa, depende de la situación en la que estés. Muchas muchachas firmaban porque no tenían donde ir, ¿qué iba a hacer una chica embarazada? Aunque la dejaran salir no tenía absolutamente nada, aunque la mayoría cuando entraba no salía. A no ser que se las llevara la familia o si la compraba algún señor para casarse con ella», destacó Pilar Iglesias.

«Además, cuando les retiraban la criatura recién nacida les vendaban los pechos sin ningún tipo de tratamiento para retirar la lactancia y tenían que volver a trabajar en la lavandería inmediatamente», siguió Iglesias.

Estos centros se mantuvieron abiertos hasta finales del siglo XX, a pesar de que ambos países se encontraban ya con un Estado democrático claro. En España se mantuvieron hasta 1985, tras 10 años de la muerte de Franco. Y más de 30 años después de sus cierres, muy pocas personas se han pronunciado para denunciar esta situación. Hay muy poca información sobre estos lugares, solo algunos libros de mujeres que sí han relatado su experiencia durante el franquismo, como es el ejemplo de Consuelo García del Cid Guerra.

«La reparación de esto no se puede hacer si un país no mete mano en su memoria histórica. Y la memoria histórica de las mujeres siempre ha ido en el furgón de cola. Desde la década de 1990 se han hecho algunas publicaciones desde los departamentos de estudios de historia de la mujer en las universidades y desde el Instituto de la Mujer, pero no es suficiente. Además, el Gobierno español fue partícipe directo, lo que implica que se puede hacer una exigencia directa, ya que la Junta Principal del Patronato siempre estuvo formada por personas de la Falange y obispos», reclamó Pilar Iglesias.

En Irlanda sí que se han hecho denuncias por parte de la sociedad civil por distintas vías, tanto con material audiovisual como en películas y series que han representado lo que vivieron estas mujeres como con reclamaciones directas.

La principal acusación que se hace es que la última Lavandería no cerró hasta 1996, no obstante, antes de ese momento el Gobierno irlandés había firmado Acuerdos de Derechos humanos, Convenios contra la tortura y la CEDAW, es decir, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Ese es el hilo del que han tirado organizaciones como Justice for Magdalenes Research (Investigación Justicia para las Magdalenas), que nació en 2003. Pero, aunque es una de las más activas actualmente, no es la pionera, ya que, en 1993, cuando se descubrió un enterramiento anónimo con una gran cantidad de cadáveres en una de las lavanderías la sociedad comenzó a exigir una reparación de la memoria de estas mujeres.

Este tipo de grupos ponen a disposición de la sociedad documentos e informes acerca de esta situación. El propio Gobierno irlandés ha hecho a lo largo de la historia algunos informes sobre los derechos de los menores, las escuelas industriales y estos centros, aunque no han tenido mucha repercusión.

Eso ha provocado que desde el grupo también hayan realizado investigaciones muy detalladas con declaraciones de víctimas, las cuales comienzan a poner en tela de juicio la implicación del Gobierno en las lavanderías. Estos se presentaron ante el Gobierno irlandés, pero debido a que no obtuvieron una respuesta en 2011 se dirigieron al Comité Contra la Tortura, al Comité de Derechos Humanos y demás instituciones, con lo cual, comienzan a verse los primeros indicios de reparación.

«Y, además, estos organismos, cuando hay un informe que prueba que hay cosas que se están haciendo mal, realizan una serie de recomendaciones y un seguimiento para comprobar si se está corrigiendo o no. Y, aunque no hay unas normas punitivas contra los gobiernos, su imagen pública queda marcada», explicó Pilar Iglesias

La respuesta del Gobierno irlandés se vio en 2013, cuando se presentó el Informe McAleese con presencia de supervivientes de las lavanderías, siendo esto entendido como una primera petición de perdón. Y a partir de ese momento se reconoce que ha habido una violación de derechos sistemática e institucional y comienzan las medidas de reparación para asumir los errores cometidos y que no vuelvan a pasar.

«Lo que hay que preguntarse ahora es en qué medida esto sigue ocurriendo, y seguimos poniendo esas mismas miradas. Evidentemente, no de forma tan extrema, pero hasta qué punto hoy día sigue existiendo la política sexual patriarcal que hace que la vivencia de la sexualidad humana no lleve la misma mirada, ni los mismos derechos y libertades para hombres que para mujeres», concluyó Pilar Iglesias.