Una única empresa aspira a hacerse con el contrato de detectives de Fuengirola

El contrato prevé investigar a diez empleados públicos —seleccionados por el área de Recursos Humanos— que se encuentren «en situación de incapacidad temporal o con informe de apto con limitaciones». Es decir, los ingresos para el adjudicatario serían de unos 1.500 euros netos por cada trabajador, aunque las condiciones de la licitación prevén tanto la posibilidad de que las empresas eleven el número de trabajadores a investigar como que rebajen el precio.

El hecho de que sólo haya una oferta que aspire a hacerse con el contrato no implica que se produzca una adjudicación directa, ya que la empresa debe cumplir con los requisitos que establece la licitación. Si lo hace, el contrato podría ser adjudicado con celeridad y el coste para las arcas municipales y el número de trabajadores investigados serán los que haya ofertado el licitador.

Lo que deberá cumplir la empresa adjudicataria es con el trabajo que debe efectuar en relación a cada trabajador. El pliego de prescripciones técnicas particulares establece que el proveedor de este servicio debe realizar «un trabajo previo» de investigación sobre el trabajador municipal, consistente en corroborar los datos facilitados por al Ayuntamiento, así como «comprobar la existencia de otros domicilios, teléfonos, lugares de trabajo, incidencias que puedan aparecer en páginas oficiales, redes sociales y que puedan aportar valor añadido al seguimiento». Este análisis previo deberá ir incorporado en el informe definitivo, debiéndose reflejar en cuáles de estos aspectos ha dado «positivo» y en cuáles, negativo».

A esta labor investigadora previa se le sumará, de acuerdo con el pliego, un seguimiento «completo» que deberá estar «diseñado y dirigido» a «evidenciar de forma muy clara» que el trabajador está realizando su actividad laboral habitual o cualquier otra y «nunca serán suficientes hechos que lo presupongan sin un nexo claro y directo con los hechos que se pretenden probar». Si «lo que se busca es demostrar actividades, movimientos corporales u otras acciones incompatibles con la situación que da lugar a la situación de incapacidad temporal o limitación de su aptitud en su puesto de trabajo», el pliego advierte de que el seguimiento será «el mismo». En un principio, estas tareas investigadoras durarán un mínimo de tres días salvo que Recursos Humanos estime que puede ser inferior o considere que es insuficiente y solicite un mayor plazo de investigación.

 

Aunque las empresas de detectives no suelen anunciar sus tarifas, una de las más antiguas de Málaga, sí lo hace, fijando un coste del seguimiento de 60 euros por hora, con precios que se elevan por cuestiones como el uso de vehículos o kilometraje. Estas tarifas pueden explicar la escasa participación de las empresas del sector en el contrato, teniendo en cuenta que se deben efectuar seguimientos de tres días de cada trabajador, además de la labor previa de investigación.

Por último, la secretaria general del PSOE de Fuengirola y portavoz socialista en el Consistorio, Carmen Segura, tras conocer la información desvelada por SUR de que el Ayuntamiento lleva contratando detectives desde 2005, ha exigido a la alcaldesa de la localidad, Ana Mula, que dé «explicaciones» al considerar que se están «vulnerando los derechos de los trabajadores». Segura se ha preguntado si la política del equipo de gobierno de Fuengirola responde a una «persecución» de la plantilla de trabajadores municipales.