Torremolinos paga con tierra el sellado del vertedero

El compromiso se paga con las 11,27 hectáreas de la parcela 49 de polígono 2 del monte publico Sierra de Torremolinos. Para ello era preciso, como ya ha ocurrido, que la Corporación solicitara a la Junta la declaración de interés general o público prevalente sobre el forestal de este terreno.

Esta instancia ha salido adelante con los votos de la mayoría absoluta del PP, la abstención de VOX y el rechazo de IU-Podemos y el PSOE. Este impulsó el convenio, durante su etapa en la Alcaldía. Sin embargo, la actual portavoz municipal del grupo, Maribel Tocón, concejala de Hacienda y firmante del acuerdo, defiende que, en lugar de llevar a término la entrega de suelo, el Gobierno local articule una consulta popular para preguntar si se cede monte público o se abona una indemnización, contemplada en el documento de hace seis años, y que ronda los 3,2 millones de euros. «Les pedimos que dejen el expediente encima de la mesa, por los efectos en La Leala y El Pinillo en cuanto a contaminación y tráfico, por la modificación de la cartografía y por no ser la cesión de monte pública la mejor idea», aseguró.

David Tejeiro, de IU-Podemos, defendió que, además de por criterios de respeto al medio ambiente, se negaban a respaldar la medida por los posibles efectos en dos cauces de arroyos de la zona que pueden generar importante avenidas de agua.

La concejala de Regeneración Urbana, Marina Vázquez, argumentó que, como paso previo al cambio sobre la declaración del terreno, la Junta ha emitido un informe, a instancia de la compañía, con resultado favorable, pero que incluye medidas preventivas, de obligado cumplimiento, para garantizar que la explotación no genera riesgos. «Lo que aquí estamos haciendo es solicitar, para que sea la Junta la que declare o no el interés prevalente», aseguró la edil, convencida de que el Gobierno municipal no puede eludir la responsabilidad de cumplir un acuerdo.

La medida aprobada viene de un asunto enquistado. La Junta de Andalucía, en 2006, tras una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, abrió un expediente sancionador tras constatar que el basurero, operativo desde los 90 del siglo pasado, no contaba con autorización administrativa, carecía de estudio de impacto medioambiental y entrañaba un riesgo de contaminación para los acuíferos del subsuelo de la sierra.

Ante la negativa del Gobierno local de entonces, presidido por el popular Pedro Fernández Montes, comenzó un litigio que finalizó en 2010, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga ordenó la clausura de las instalaciones. A todo esto, la Comisión Europea interpuso a España una denuncia, que desembocó en sanciones económicas, por la deficiente gestión de residuos en más de medio centenar de basureros, entre ellos el de Torremolinos. Finalmente, la Junta, en 2023, anunció que ponía en marcha los trabajos de sellado de este basurero ilegal, un proyecto que ya está en marcha.