Un juzgado investiga la reapertura del Vistamar en 2024

En el procedimiento penal se investiga la ilícita explotación del hotel Vistamar y la presunta colaboración del Ayuntamiento de Benalmádena. De la instrucción dependerá si el juez aprecia la posible existencia de delitos y cuáles, pero de los distintos autos judiciales se desprende ya que entre los que está investigando están los de «falsedad y otros».

El juez ya ha solicitado al Ayuntamiento la remisión de cuatro expedientes, empezando por el del cierre, que en 2022 empezó a tramitar la anterior Corporación y que ejecutó el actual equipo de gobierno (junio de 2023) tras encontrárselo encima de la mesa, además de los correspondientes a las autorizaciones —mediante declaraciones responsables— del desprecinto del establecimiento para tareas de mantenimiento (marzo de 2024) y la reapertura del hotel (junio de 2024). Este último es el acto administrativo que hace posible que hoy siga abierto este establecimiento hotelero y por el que los propietarios no perciben alquiler desde 2019.

El pasado 5 de febrero la Delegación Territorial de Turismo informó al Ayuntamiento de la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo, efectuada el 3 de diciembre de 2024. El Consistorio tardó tres meses en firmar un decreto de cierre, de 6 de mayo, que sigue vigente, pero que aún sigue sin ejecutar. Estos hechos han sido puesto en conocimiento del juez que investiga la denuncia.

Al procedimiento penal se suma el que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga por permitir que el hotel volviera a abrir sus puertas, en una resolución firmada por el concejal de Aperturas, Raúl Campos.

El hotel, que opera ahora con el nombre de Vivemar, abrió a pesar de que un técnico municipal elaboró un contundente informe de trece páginas en el que rechazaba la declaración responsable presentada por la sociedad Hotel Vistamar SL. La mercantil aportaba para ello un supuesto contrato firmado con la empresa arrendataria del inmueble, Alamiromar SL, a pesar de que ya entonces le había sido revocado el NIF por parte la Agencia Tributaria y, por tanto, no podía realizar negocios ni facturar. El contrato era, además, de subarriendo de industria, una fórmula que sólo se puede utilizar para alquilar establecimientos que están abiertos, y el Ayuntamiento sabía que el hotel estaba cerrado.

Antes de la reapertura, en marzo de 2024, el Consistorio autorizaba el desprecinto del hotel para tareas de mantenimiento en base a un contrato en el que la sociedad arrendadora era no sólo diferente, sino la misma a la que el propio Ayuntamiento le había cerrado el hotel (S&A Hoteles) por no poder demostrar «de forma indubitada» que ostentaba la condición de arrendataria. La decisión iba en la línea de la sentencia de un juzgado de Torremolinos que determinaba que el contrato de alquiler firmado entre la empresa propietaria del inmueble y la arrendataria no permitía su cesión; un fallo que a finales de diciembre de 2022 había ratificado la Audiencia Provincial de Málaga, y hoy ya declarado firme por el Tribunal Supremo.

Además, los dos supuestos acuerdos de alquiler con empresas arrendadoras diferentes, habían sido firmados en la misma fecha (25 de mayo de 2023). Los contratos «adolecen de inexactitud y falsedad como se desprende de sus propias estipulaciones y de la simultaneidad», llegó a decir el técnico municipal en su informe, que acabó siendo sustituido por el del jefe de los servicios jurídicos, que finalmente autorizó la declaración responsable sin comprobar previamente el cumplimiento de la normativa turística y sosteniendo que «el Ayuntamiento no puede entrar a valorar cuestiones referentes a la titularidad».

Esto es exactamente lo contrario de lo que el mismo funcionario había defendido para ejecutar el cierre del hotel ejecutado un año antes, y lo que defendía el otro técnico municipal: «la explotación de un establecimiento hotelero requiere estar en legítima posesión de un bien inmueble». Las sentencias dejaban claro que la única manera en la que esto podía ocurrir era con un contrato firmado por la empresa propietaria del establecimiento o bien con la explotación directa por parte de sus dueños. Como sabe el Ayuntamiento, el hotel está explotado hoy por una empresa diferente a la que se autorizó la reapertura, Vive Resort Magnagement.