El hotel Vistamar reabrió en Benalmádena en junio de 2024 con informes opuestos

El anterior equipo de gobierno inició en 2022 un expediente de cierre porque la empresa que lo explotaba entonces (S&A Hoteles) no acreditaba «de forma indubitada» ostentar la condición de arrendataria. El criterio iba en línea con lo que entonces había quedado demostrado en la sentencia de un juzgado de Torremolinos, porque el contrato de arrendamiento del establecimiento, que hoy opera con el nombre de Vivemar, no permitía la cesión a terceros, y esa era la fórmula que se utilizaba —y se siguió usando— para continuar explotando el hotel después de que la sociedad arrendataria entrara en quiebra y le fuera revocado del CIF.

El expediente de cierre se lo encontró encima de la mesa el actual equipo de gobierno, que lo ejecutó en junio de 2023. El cierre llegó a simultanearse con un precinto judicial, que finalmente fue levantado porque ese procedimiento, relacionado con el arrendatario original, acabó derivando a un juzgado mercantil.

En marzo de 2024, el Ayuntamiento inició el camino contrario mediante un polémico expediente que llevó a la apertura del hotel en junio y que es lo que hace posiblemente que el establecimiento siga hoy abierto. Si para el precinto ejecutado, el Consistorio defendía que la empresa que lo explotaba entonces (S&A Hoteles) no acreditaba «de forma indubitada» ostentar la condición de arrendataria, en marzo de 2024 autorizó el desprecinto del hotel para tareas de mantenimiento en base a un contrato en el que la arrendadora era esa misma empresa. La contradictoria decisión continuó al autorizar la apertura del hotel el 13 de junio mediante una declaración responsable de la sociedad Hotel Vistamar SL en la que se aporta un contrato de alquiler diferente en el que la arrendadora ya era otra empresa, pero que supuestamente estaban firmados en la misma fecha.

El contrato era, además, de subarriendo de industria, una fórmula que sólo puede utilizarse cuando el establecimiento está abierto. Estas y otras circunstancias y los incumplimientos de diversas leyes fueron advertidos por un técnico municipal en un informe de 13 páginas en el que rechaza la apertura del hotel.

El informe acaba siendo sustituido por el de su superior que efectúa un razonamiento diametralmente opuesto al anterior y que entra en contradicción con el que él mismo realizó para el cierre del hotel 'okupado', con la diferencia de que para entonces la Audiencia Provincial de Málaga ya había confirmado la sentencia de primera instancia (hoy ya declarada firme por el Supremo).

La única duda que suscitaba al responsable de los servicios jurídicos era el cumplimiento de la normativa turística, y decide comprobarlo después de autorizar la reapertura, justo lo contrario que se hizo para el cierre, cuando se verificó con carácter previo, cumpliendo con la normativa. Con una mera consulta online habría visto que en ese momento en el RTA no constaba ni el cierre del hotel, ni la nueva inscripción que obligatoriamente debe efectuarse tras un cierre.

Apenas unas semanas después de la reapertura la Consejería de Turismo iniciaba un expediente por denuncia de los propietarios que dio lugar a la cancelación de la inscripción del hotel el 3 de diciembre de 2024, que hoy sigue vigente mientras el Ayuntamiento mantiene abierto un hotel 'okupado' y que la ley andaluza considera «clandestino».