Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias

«La tasa de basura será diferente en función de donde vivamos»

Desde su nuevo cargo, Martínez-Sicluna llegará este viernes a Estepona para participar en las jornadas técnicas 'Proyectos estratégicos y ciudades' que —organizadas por DAXXI (Un Derecho Administrativo para el S.XXI) y El Consultor de los Ayuntamientos (Aranzadi La Ley )— arrancan hoy día 2 en el Centro Mirador del Carmen, y en las que participarán, entre otros, magistrados del Constitucional (César Tolosa) y del Supremo (Pablo Llarena y Ángeles Huet), y cargos de comunidades y ayuntamientos.

 – En las jornadas interviene en la mesa 'La estrategia de las ciudades', así que la primera pregunta es inevitable: ¿cuál debe ser la estrategia de las ciudades?

Los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental. Hace falta una sostenibilidad medioambiental, pero también una sostenibilidad social. Tendremos unas sociedades más envejecidas, y eso exige nuevos retos, con la aparición de fenómenos como la soledad no deseada o la necesidad de apoyo. Hay que hacer compatible la sostenibilidad verde y la sostenibilidad social.

– ¿Es ese el nuevo gran reto de las ciudades?

Sí, la sociedad será eminentemente urbana y más envejecida, y las ciudades tienen que lograr esa sostenibilidad.

–¿Y qué nota le pondría en estrategia a los ayuntamientos malagueños?

Las localidades de la Costa del Sol, en general, han sufrido una transformación relevante. La transformación que ha experimentada Málaga capital en estos 25 años de siglo XXI, bajo la dirección de su alcalde, Paco de la Torre, es relevante y reseñable no sólo en España, sino a nivel europeo; Málaga ha sabido alcanzar nuevos objetos, con la captación de talento en la economía digital, y el turismo cultural, con la apertura de muchos museos, y un turismo de experiencia que atrae a un número importante de turistas. Además, ha experimentado una profunda renovación urbanística, abriéndose al mar. Málaga, Estepona, Marbella y en general las localidades de la Costa del Sol, han sabido encauzar sus objetivos.

- Supongo que la estrategia de las ciudades pasa hoy por la vivienda...

Las encuestas y el CIS dicen que la vivienda es la primera preocupación de los españoles. Es un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución, pero también un problema de ámbito europeo. Requiere de un planteamiento estratégico, de mucha coordinación entre todos los actores que intervienen. Desde la FEMP reclamamos un papel protagonista de los ayuntamientos, que juegan un papel esencial porque son quienes tramitan el proyecto y otorgan las licencias. Pero inciden muchos factores que no dependen sólo de los ayuntamientos. Las competencias son autonómicas, constitucionalmente el Estado también puede intervenir, y, como decía, intervienen también los ayuntamientos. Pero nosotros creemos que hay otros actores privados, como los promotores, que también deben ser escuchados. Requiere de un diálogo y consenso entre todos los actores públicos y privados.

- Pero, al final, es un desajuste entre la oferta y la demanda...

La sociedad española tiene un crecimiento, basado en la inmigración, que ha llevado a que seamos 49 millones de habitantes; es un crecimiento muy relevante. Y además hay un nuevo modelo familiar, con familias más pequeñas. Necesitamos viviendas unifamiliares, para dos personas... Hay un déficit de 600.000 viviendas y necesitamos construir 120.000 al año, y ahí es donde los ayuntamientos juegan un papel fundamental.

- ¿La movilidad es otro de los retos que afrontamos?

Necesitamos una movilidad más sostenible y, si me permite, segura. Los desplazamientos, sobre todo en las grandes ciudades, serán más largos, provocado también por el precio de la vivienda. Hace falta una opción más sostenible, como el transporte público, pero requiere de financiación, que es lo que le pedimos al Ministerio para los ayuntamientos.

- ¿La accesibilidad es una asignatura pendiente de las ciudades?

Sí, si queremos una ciudades más humanas y más inclusivas. Es necesario hacer una apuesta importante por la accesibilidad, y por eso hemos renovado nuestros acuerdos con el CERMI y la ONCE y promovemos el intercambio de buenas prácticas. Debemos tener unas ciudades más accesibles para las personas con discapacidad física, sensorial y cognitiva. Y hago una reflexión: no es sólo algo que beneficia a las personas con discapacidades, o a los mayores en esas sociedades más envejecidas hacia las que vamos; es un derecho y afecta a la dignidad de las personas.

- Ha entrado en vigor la ley que obliga a los ayuntamientos a repercutir en la tasa de residuos el coste del servicio, y en la que no se determina el criterio, ¿qué va a pasar, veremos criterios e importes similares?

La subida de la tasa atenta contra la autonomía de los ayuntamientos. No es una decisión libre, está impuesta por ley. Hay ayuntamientos que no cobran tasa porque lo incluyen en el IBI, otros que repercuten el 60%, y ahora vamos a ver un incremento de su valor. El importe lo determinará el estudio económico financiero que establezca el coste del servicio, pero los elementos y los factores que se tengan en cuenta pueden ser diferentes. Es una regulación deficiente, y vamos a ver una disparidad y desigualdad porque vamos a pagar diferente en función de la localidad dónde vivamos. Va a generar desigualdad y un incremento de los costes tributarios.

- El Gobierno dice que viene impuesta por la UE...

Es una transposición de una directiva europea de 2008 modificada en 2018, basada en el 'pago por generación', es decir, en el principio de 'quien contamina paga'. Nosotros estamos comprometidos con ese objetivo. La directiva obliga al objetivo, pero da alternativas, y el gobierno ha sido el que ha elegido la tasa, que era una de las opciones, y lo ha hecho sin escuchar a los ayuntamientos.

- Hablamos mucho de financiación autonómica, y poco de local, ¿están bien financiados los ayuntamientos?

Radicalmente, no. Es un modelo de 2002, más antiguo que la financiación autonómica. Los ciudadanos piden a sus alcaldes cada vez servicios más costosos y se aprueban leyes que imponen nuevas competencias a los ayuntamientos. El desfase es evidente, y después de 23 años la reforma de la financiación local no puede esperar.