El Ayuntamiento de Benalmádena asegura que Puerto Marina no permitió la cesión de licencias de los chárteres

Esta investigación se produce a raíz de una querella que presentó en septiembre pasado un grupo de empresarios de la marina benalmadense, y a la que se sumó parte de la oposición municipal. En un principio, el Ayuntamiento 'vendió' en noviembre que la justicia había archivado la causa, aunque en realidad se trataba de un archivo provisional. Sin embargo, y según un documento al que ha tenido acceso este periódico, la UDEF ha solicitado una serie de documentación al Ayuntamiento relacionada con esta causa.

Entre ellas, ha exigido un listado de todas las empresas autorizadas a realizar actividades turísticas en materia de transporte de viajeros entre los años 2015 a 2017, así como el documento mediante el cual se otorgaba la autorización «individualizada» a cada una de ellas. Además, la UDEF quiere saber el número de atraques que han ocupado estas empresas cuando estaban autorizadas a realizar la actividad de chárter, desde el año 2012 hasta la fecha de obtención de la licencia en 2018.

Sobre estas cuestiones, desde el ejecutivo local insisten en que los pliegos para el asesoramiento integral de la concesión fueron aprobados por unanimidad de los consejeros, entre otros de don José Luis Bergillos, matizan, quien además votó favorablemente al nombramiento de la persona que fue finalmente elegida. Bergillos fue gerente del Puerto en la legislatura en la que fue alcaldesa Paloma García Gálvez (PP), y posteriormente fue expulsado del Consejo por el actual alcalde, lo que provocó una denuncia que se archivó. Además, recuerdan en estas alegaciones que en ningún caso ni Gema Carrillo (concejala de Vox y miembro del Consejo) ni Adolfo Fernández (consejero propuesto por el PP) «hayan puesto reparo o pega alguna a la adjudicación».

Tal como avanzara este periódico, la UDEF solicitó también todas aquellas recolocaciones de los atraques y el documento de exigencia de dichas recolocaciones; una copia de la licencia asignada a la compañía Funsail; y que informe si se ha transmitido alguna de las licencias de una empresa a otra. Asimismo, quieren conocer qué empresa está prestando los servicios de control de accesos, marina seca y movimientos del varadero una vez que la compañía Yatchs Global Services finalizó su contrato

Desde el Ayuntamiento responden que en ningún caso se han autorizado la transmisión de los derechos de varadero, y además que en el concurso de asfaltado (cuya información también ha sido solicitada por el Grupo de Blanqueo de Capitales) «no hubo soprecio alguno» respecto a la oferta del licitador, y en ningún caso financiación ilegal. «Coincide la cantidad consignada en el contrato con la ofertada, por debajo en todo caso de la prevista en los pliegos», sostienen.

Fuentes municipales reiteran una vez más la legalidad de todo el proceso, y señalan que ya unos días antes de que la UDEF pidiera al Juzgado esta información ya habían solicitado al juez el archivo definitivo de la causa, un extremo que están convencidos que sucederá en las próximas semanas.