Rivas, Linde y la presidenta de la comisión, Ángeles Vergara, durante un pleno.

El transcurso de la primera comisión de investigación enfrenta a la corporación de Torremolinos

El PP, CSSP e IU critican la labor de Ciudadanos al frente de las sesiones, que indagan qué ocurrió con decenas de denuncias vecinales archivadas

Alberto Gómez

Lunes, 16 de enero 2017, 00:33

Apenas ha avanzado y la primera comisión de investigación puesta en marcha en Torremolinos ya está rodeada de polémica. Los grupos municipales cuestionan la labor ... de la portavoz de Ciudadanos, Ángeles Vergara, al frente de la mesa que tiene como objetivo indagar por qué el Ayuntamiento ignoró las denuncias vecinales por ruido interpuestas en los últimos años. La comisión, que discurre de forma paralela al proceso judicial que mantiene como investigados al exalcalde, Pedro Fernández Montes, y a otros tres exconcejales del PP, no ha dado aún ningún paso reseñable, una dilación criticada por Costa del Sol Sí Puede e Izquierda Unida, que acusan a Vergara de «desidia y falta de responsabilidad». Tampoco los populares están conformes con el procedimiento y en la última sesión denunciaron que sus solicitudes de documentación no han tenido respuesta.

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La comisión fue constituida en septiembre y Vergara fue elegida presidenta poco después, una noticia anunciada por Ciudadanos y no por el Ayuntamiento pese a tratarse de una mesa institucional, algo que ya generó malestar entre algunos concejales que entendieron que la formación naranja aprovechaba la situación para hacer «autobombo» tras una gestión «hasta ahora bastante discreta» como segundo partido de la oposición. La comisión fue creada con el objetivo de «depurar posibles responsabilidades políticas y administrativas» a raíz del «archivo sistemático» de decenas de denuncias vecinales presentadas en protesta por «el ruido y las molestias» que provocaban algunos chiringuitos de Los Álamos. El Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos mantiene abiertas diligencias previas contra el Ayuntamiento por este asunto tras los informes enviados por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y la Fiscalía.

Quejas

La última sesión fue convocada la semana pasada. Vergara entregó documentación que tenía en su poder desde noviembre, un retraso que ha provocado las quejas de varios ediles. Desde el partido instrumental de Podemos aseguran que la información «no fluye como debería» pese al compromiso de transparencia manifestado por Vergara. El portavoz de esta formación, José Piña, también acusa a su homóloga en Ciudadanos de «no dar publicidad a la sesión», en contra del acuerdo adquirido para que la comisión sea pública y televisada. El líder de IU, David Tejeiro, se muestra más contundente y afirma que Vergara ha conducido la comisión «hasta una situación de parálisis debido a que no toma la iniciativa y ralentiza el procedimiento».

El PP, líder de la oposición, solicitó información sobre la validez de los documentos presentados en las sesiones. El resto de grupos, incluido Ciudadanos, acusa a los populares de «intentar torpedear» la comisión. Por su parte, Vergara alega que la documentación entregada «no sirve de nada porque aún no se nos ha entregado información procedente del registro general de entrada del Ayuntamiento», por lo que «era indiferente» que se compartiese en noviembre o ahora, como ha ocurrido. La portavoz naranja sostiene que el PP «trata de poner piedras en las ruedas de la comisión» y aclara que entre sus funciones «no está la de publicitar las sesiones».

Con el objetivo de agilizar la comisión, Vergara ha solicitado al PSOE, que gobierna en minoría, que destine un trabajador municipal a recabar la información necesaria del registro de entrada. Aunque los socialistas han aceptado la petición, el resto de grupos municipales muestra más incredulidad que confianza respecto al futuro de las sesiones, que en casi cuatro meses «no han avanzado nada». La comisión, sin valor jurídico, tampoco ha tratado la reciente imputación de cuatro exconcejales del PP por este caso.

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Al ser la primera, el transcurso de esta comisión resultará clave para el resto de investigaciones puestas en marcha en el Ayuntamiento de Torremolinos. El pleno también aprobó una comisión sobre la gestión del Palacio de Congresos, cuya sociedad tuvo que ser disuelta tras presentar pérdidas durante dos años consecutivos, y previsiblemente dará luz verde a otra sobre el caso de la protectora de animales después de la sentencia que condena a su presidenta, Carmen Marín, a casi cuatro años de cárcel por falsedad documental y maltrato animal.

La falta de mayorías absolutas ha propiciado una batería de comisiones de investigación en la provincia, mesas que tienen como objetivo indagar sobre situaciones de interés público aunque sus conclusiones no son vinculantes.

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