Medio centenar de familias de Fuengirola llevan tres meses fuera de sus casas por un incendio

Desde el 10 de marzo, cuando salió por última vez de su casa en brazos de un bombero, Margaret Rouse es otra. No ha vuelto a usar el andador. Ahora se desplaza en silla de ruedas con ayuda de sus amigas, de las que depende por completo. «No sabe dónde está», dice Conchita, una emigrante gallega que recaló en Fuengirola tras pasar media vida en Londres, y que se ha convertido en los pies y las manos de la anciana. «Alguien tiene que hacerlo, porque nadie se ha preocupado por ella. Allí (en Inglaterra) esto no habría pasado», se queja.

Margaret Rouse lleva tres meses ocupando la habitación 943 del hotel Pyr, a escasos 50 metros de su urbanización, donde se hospedaron temporalmente las familias desalojadas a causa del incendio. El Ayuntamiento les pagó los tres primeros días de estancia. Después, cada uno se buscó la vida en pisos alquilados o prestados, menos Margaret, que sigue allí alojada. «En unos días ingresará en una residencia», apunta Conchita. «No hubo muertos apostilla, pero a ella el fuego le ha quitado la vida».

A día de hoy, ni la anciana británica ni los otros 41 propietarios pueden volver a sus casas por los graves desperfectos provocados por el incendio. Según el informe de Policía Científica, el fuego se originó fortuitamente en la «barbacoa de la cocina del restaurante El Caballo», ubicado en uno de los 14 locales de la urbanización, que tiene 11.800 metros cuadrados y 42 pisos, y «se propagó por el extractor de gases» a todo el complejo.

Piso apuntalado

El edificio sufrió daños estructurales «severos», como indica el propio decreto de desalojo dictado por el Ayuntamiento, donde se refleja que el fuego «desintegró parte del forjado reticular» e hizo ceder hasta siete centímetros el suelo de la primera planta. Durante los primeros días, la policía mantuvo un retén de vigilancia ante el temor vecinal de que los ladrones saquearan el complejo residencial, que ocupa la esquina entre la calle Lamo de Espinosa y el paseo marítimo de Fuengirola, frente al puerto.

Encarnación Arquelladas (54 años) y su marido Antonio (67), vecinos del 6ºF, recuerdan con pavor la noche del incendio: «La televisión empezó a fallar y nos salió el mensaje de no hay conexión». Cuando abrí la puerta, había una humareda muy densa por todo el rellano». Serían las ocho de la tarde. «Estuvimos 14 horas encerrados en el piso con mi hijo hasta que pudieron sacarnos a las diez de la mañana del día siguiente», relatan. Bomberos y policías les repetían una y otra vez que no abrieran las ventanas. «A nosotros nos evacuaron a las tres de la madrugada», recuerda Miren Badiola (80) años; su marido había sufrido un ictus recientemente y no podía caminar, por lo que tuvo que ser desalojado por dos bomberos desde el 7ºF, donde reside el matrimonio vasco. «Aquella noche no se me va a olvidar en la vida», confiesa ella. Norma Beatriz, una de las vecinas del primero que vio como el suelo cedía varios centímetros bajo sus pies, asegura que tuvo que escapar con su perro por la terraza: «Podía haberse producido una explosión y que hubiéramos saltado todos por los aires».

Dos días después del fuego, pudieron entrar de uno en uno acompañados por la policía en sus casas para recoger «lo más básico» y mudarse. «Yo he tenido que subir ocho veces ya, siempre se te olvida algo», dice Miren. Su vecina Norma afirma que, de media, cada familia se ha visto obligada a desembolsar unos tres mil euros para instalarse en otra vivienda entre alquiler, fianza... «Por suerte, nosotros teníamos el dinero. Pero, ¿y si no lo hubiéramos tenido?». Encarnación interviene: «Con la llegada del verano, los alquileres se nos están duplicando y hasta triplicando. Nosotros no estamos de vacaciones». Su casero quiso subir los 600 euros que pagan mensualmente a 1.200, aunque han logrado negociarlo y dejarlo en 800. Para colmo, acaban de pagar 225 euros de la luz de dos meses en el piso desalojado. «Han consultado los contadores y han estimado el consumo de los últimos meses», explica José Ángel Pérez (51 años), vecino del 1ºD, que ha pagado 160. De hecho, también siguen abonando los 190 euros trimestrales de la comunidad.

Con la paciencia agotada y la moral por los suelos, la mayoría de los afectados ha decidido recurrir al abogado Juan Bautista Cano, quien resume la postura vecinal: «Están desesperados por la lentitud de la compañía de seguros en la realización de los trabajos de rehabilitación y se quejan del poco respaldo recibido por parte del Ayuntamiento».

Reuniones con la comunidad

En el consistorio fuengiroleño aseguran que han mantenido numerosas reuniones con la comunidad, «siempre a petición del Ayuntamiento», y sostienen que están en contacto tanto con el administrador como con el personal técnico que se encarga de la obra. Según fuentes municipales, en esos encuentros, los vecinos se han quejado de «una posible inacción por parte del administrador y el presidente, que son los que al fin y al cabo deben liderar el proceso de arreglo de este inmueble privado, que avanza con demasiada lentitud».

Los afectados tampoco entienden que el caso se haya archivado «sin depurar responsabilidades», aunque el auto del juez está recurrido, puntualiza el letrado Juan Bautista Cano. Los vecinos culpan de la expansión del fuego al conducto de extracción de gases, que obedece a un cambio de ubicación del restaurante El Caballo al lado opuesto del edificio, cuyos propietarios, para aprovechar la chimenea original, tuvieron que instalar un conducto horizontal desde el nuevo emplazamiento de la cocina, debiendo atravesar varios locales y el hall del bloque, según explica el presidente de la comunidad, Jorge Barbero, quien matiza que esa actuación, que se realizó en 2008, «carecía de licencia».

El Ayuntamiento aclara que, tras las denuncias y quejas vecinales, «la obra fue paralizada», aunque con posterioridad el dueño del restaurante entregó la documentación necesaria para obtener el permiso, «si bien el consistorio previamente había solicitado un informe jurídico», y en mayo de 2008 se otorgó la licencia «al cumplir todos los parámetros de legalidad», reiteran desde el despacho Herrera y Ábalos, cuyos abogados asisten al empresario, que se considera «una víctima más» del incendio.

Pleitos

Otro asunto es si el hostelero estaba legitimado o no para realizar esa instalación en las zonas comunes, aunque, como recuerda la alcaldesa, Ana Mula, esa no es una cuestión municipal, sino que se tiene que dirimir en la vía civil. «Siempre se han quejado de la conducción de humos y siempre les hemos dicho lo mismo, que tenían que interponer un interdicto (procedimiento judicial para discutir la posesión). En el expediente no consta que lo hayan hecho hasta el 24 de mayo», detalla la regidora.

Desde Herrera y Ábalos apuntan que este pleito civil sí existió y que la comunidad, que exige la retirada del tubo, lo perdió hace dos años «con imposición de costas para los demandantes» y ahora, antes del incendio, ha vuelto a reiniciarlo. Mientras tanto, el hollín sigue instalado en el complejo Sol Playa y los vecinos, fuera de sus casas. De vez en cuando, Margaret se escapa del hotel de noche y se planta en la puerta del edificio. «Piensa que va a poder entrar en su piso», dice Conchita.