Vecinos de Mezquitilla de Vélez llevan una década reclamando que reparen los viales de su urbanización
Los cien residentes de Cerro y Mar y Chorreras cifran en cinco millones la inversión que tiene que asumir el Consistorio en cumplimiento de un fallo judicial firme
Los alrededor de cien vecinos que residen en las urbanizaciones veleñas de Cerro y Mar y Las Chorreras, entre los núcleos de Lagos y Mezquitilla, ... siguen batallando tras más de una década esperando a que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga cumpla con lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y ejecute la urbanización de los viales que dan acceso a sus casas, que en su mayoría son de tierra y en algunos tramos están hormigonados, presentando numerosos socavones.
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La urbanización, en la que hay unas sesenta parcelas y una treintena de viviendas, tampoco cuenta con un sistema de alumbrado adecuado, el cableado está próximo a zonas de vegetación y los contadores están a la vista. Después de una larga batalla judicial, en junio de 2019 los residentes consiguieron una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se estableció que el Ayuntamiento veleño está obligado a ejecutar la urbanización, asumiendo todos los costes que excedan de 597.257,88 euros, que fue la cantidad que se fijó inicialmente que tenían que abonar los propietarios.
Como las obras, que deben hacerse por cooperación, lo que conlleva que es el Consistorio quien las ejecuta, pero son los vecinos los que las cofinancian, no se ejecutaron dentro de los plazos establecidos, el Ayuntamiento volvió a redactar un nuevo proyecto en 2008, que elevaba los costes a 1.722.681 euros. Sin embargo, con el paso de los años esta cantidad se ha elevado considerablemente.
«Hemos tomado la iniciativa para desbloquear la situación ante la inactividad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga»
Juan Ramón Ibargüengoitia
Presidente de la asociación de vecinos de las urbanizaciones veleñas de Cerro y Mar y Chorreras
En concreto, según ha estimado el presidente de la asociación de vecinos, Juan Ramón Ibargüengoitia, puede rondar ya los cinco millones de euros, «según los cálculos que nos ha elaborado un estudio técnico que nos está asesorando y con el que hemos llevado ante la Junta de Andalucía la documentación y tenemos ya un informe favorable para la intervención», puesto que la zona está dentro de un perímetro arqueológico declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).
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«Es una catalogación que respetamos y que además añade un mayor coste a las actuaciones por ejecutar», ha apuntado en declaraciones a la Cadena Ser en la Axarquía. Así, este vecino ha detallado que han tomado la iniciativa para desbloquear la situación «ante la inactividad del Ayuntamiento», después de haber solicitado al juzgado que ordenara la ejecución forzosa del fallo judicial sin éxito. Al mismo tiempo, han acudido ya hasta en tres ocasiones a pedir amparo ante el Defensor del Pueblo Andaluz.
«La última vez se nos contestó que si volvían a producirse dilaciones en las actuaciones municipales o judiciales referentes a este proyecto era posible una intervención. Han transcurrido más de tres años desde el último escrito, sin que tengamos el menor indicio de una pronta ejecución de una sentencia que ya es firme desde hace más de cinco años», ha argumentado el presidente de la asociación vecinal.
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«Presuntas responsabilidades penales»
Según este vecino, han transcurrido ya más de seis años años desde que se iniciase el incidente en el juzgado, y el Ayuntamiento no ha cumplido con el fallo de la sentencia, «después de haberlo solicitado hasta la saciedad en los escritos de nuestros abogados».
«El Consistorio perpetúa su inactividad sin hacer frente a responsabilidad alguna. No tenemos la menor duda de que la administración local no tiene la más mínima intención de cumplir con el fallo. Realizan pequeñas actuaciones, muy puntuales, como la adjudicación de contratos menores para ejecutar intervenciones aisladas», ha apostillado.
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Ibargüengoitia ha asegurado que están estudiando también con sus abogados pedir las presuntas responsabilidades penales a los técnicos municipales y a los políticos por no cumplir con el fallo judicial. Por su parte, SUR intentó sin éxito recabar una versión del equipo de gobierno municipal bipartito, de PP y GIPMTM, sobre este asunto.
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