La Secretaría General del Ayuntamiento «desinfla» la comisión de investigación sobre el perro policía de Rincón

En el informe que suscribe el funcionario, se despejan cuestiones esgrimidas como munición política contra el Gobierno local, como el hecho de que la cesión del can se haga mediante una fórmula denominada «comodato». Esta fórmula es, como se deja claro, «esencialmente gratuita», puesto que el perro se pone a disposición de la Administración local, y no le afectan normas como las referentes a los contratos menores que pueda suscribir una de estas entidades, que sí son onerosos. En este caso, argumenta, con la entrega nadie logra beneficio alguno, aunque sí se da la condición de que el Ayuntamiento acepta una cesión por su interés público, como es la detección de sustancias estupefacientes, que es la especialidad del perro.

La Secretaría General, aunque indica que la legislación no reconoce como tal el tipo de contrato de «comodato», sí lo hace con la cesión gratuita, por lo que, concluye que el acuerdo que permite la puesta en marcha de la unidad tiene cabida en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. De igual manera, al hilo de otra de los argumentos para poner en marcha la comisión de investigación, el relativo a que el acuerdo está caducado, esgrime el informe del secretario que, al tratarse de un sistema que no se rige por la Ley de Contratos del Sector Público, a pesar de que su duración inicial es de un año, al continuar el animal con su función, este se prorroga de forma tácita. Igualmente, se defiende que, al tener delegadas las competencias en materia de contratación en el momento de la firma, el que fuera concejal de Seguridad Ciudadana, tenía atribuciones para suscribirlo.

En cuanto a los gastos de la unidad, una vez solicitados a la intervención, estos ascienden a 1.028,89 euros, en conceptos como material, vacunas o cuidados, entre 2020 y 2023. A ello hay que sumar la gratificación percibida, en concepto de productividad, concedida al agente, en 2022, con el visto bueno de la Jefatura de la Policía Local y la Concejalía, que asciende a 1.938 euros. En este punto, el secretario entiende que el hecho de percibir esta suma no implica que sea consecuencia de la cesión del perro, si no, por su labor meramente policial, conforme al acuerdo regulador de las condiciones de trabajo, ni tampoco considera que sea incompatible la cesión del perro con la condición de funcionario policial. Hace otras apreciaciones, en primer lugar, que más que una unidad, el servicio de perro policía es más bien una asignación de tareas, ya que no existe estructura o puesto de trabajo específico y considera también que, en el futuro, es preciso que el contrato de la unidad canina se autorice, mediante la correspondiente resolución. Igualmente, estima la Secretaría General que la fórmula de solicitar una comisión de investigación no cabe en el ordenamiento municipal que, en cuestiones de este tipo, sí regula comisiones informativas especiales que, en el momento de su creación, tienen que tener ya una fórmula de funcionamiento y una composición establecida previamente. Con esta documentación, la propuesta de creación de la comisión de investigación quedó desestimada por la mayoría absoluta del PP en el pleno y el rechazo de Vox, que ya había tildado la propuesta de «disparate sin sentido que poner en tela de juicio la labor de la Policía Local».

Borja Ortiz, actual primer teniente de alcalde, se mostró muy crítico con los proponentes, sobre todo, con el PSOE, al que echó en cara «haber gastado una bala» en su labor de fiscalización con un asunto sin recorrido alguno que, en tono irónico, calificó como el «perrogate». El portavoz socialista, Antonio Sánchez, por su parte, afeó al Gobierno local que no hubieran aportado antes la información sobre la unidad, pese a repetidos requerimientos, dando así lugar a la solicitud de una comisión «u otras vías».